Por qué el gobierno dio marcha atrás con el capítulo fiscal de la ley ómnibus

No fueron solo los gobernadores y legisladores peronistas los que le plantearon al gobierno que de marcha atrás con el paquete de medidas fiscales del proyecto de la ley ómnibus, conocida como “el capítulo fiscal”, que el Ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo defendió a capa y espada, señalándolo como necesario e imprescindible “para llegar a déficit cero” y, por ende, innegociable en los términos planteados por quienes se oponían a su avance y aprobación.

Los gobernadores y legisladores propios también hicieron sus reclamos audibles. Martín Llaryora, en representación de la provincia de Córdoba, perteneciente al peronismo catalogado como “dialoguista”, y cuyo caudal de votos fue útil al gobierno por considerarlo afín en ideología y proyectos, se quejó de que “el valor económico del total de las retenciones hoy, es más un capricho que una medida”, aclarando que “no vamos a permitir que revienten el tejido productivo de la Argentina”. Ignacio Torres, gobernador de la provincia de Chubut, del PRO, le había pedido al presidente que “no tire más de la soga” y que “la Nación es la que tiene que rendir cuentas con la provincia que viene aportando más de US$300 mil millones hace mas de cien años”, aclarando, luego de lo que había trascendido como una amenaza que no iba a “cortarle la llave de gas”.

Por su parte, Maximiliano Pullaro, pese a la afinidad con el gobierno en cuanto a ideas y su pertenencia al radicalismo dentro de Juntos por el Cambio, fue el más combativo desde el principio, se alzó en defensa del sistema agropecuario de la provincia de Santa Fe y en contra de las retenciones a las exportaciones de este sector y “los gravámenes a las exportaciones industriales”, ya que, su provincia, aclaró, “es industria y campo”. Lo que sucede es que los gobernadores consideran que, de aceptar las condiciones que en un principio impuso el gobierno, se quiebra la confianza y credibilidad depositada en cada uno de ellos al momento de haber sido votados para el cumplimiento de sus funciones ejecutivas. Y, dentro del frente de aliados de Juntos por el Cambio, los del PRO son más proclives a aceptar las medidas provenientes del gobierno nacional que los que pertenecen a la Unión Cívica Radical o a Hacemos Coalición Federal.

Las palabras del ex Ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, expulsado recientemente del gobierno, por haber sido señalado de ser el responsable de haber filtrado que en la reunión de Gabinete el presidente Javier Milei había prometido “dejar sin un peso” a los gobernadores, no solo generaron revuelo puertas adentro de la Casa Rosada, sino también entre los primeros mandatarios provinciales por la envergadura del trascendido en medio del tratamiento parlamentario del proyecto de ley ómnibus, quienes lo sintieron como una fuerte amenaza para los intereses que defendían frente al Poder Ejecutivo.

La quita del capítulo fiscal incluye retenciones, blanqueo, reformas en el pago de haberes jubilatorios, adelanto de Bienes Personales y moratoria. Los gobernadores y legisladores, tanto de la oposición como oficialistas, enfrentaron, en su gran mayoría al gobierno por la propuesta mantenida por Milei, del pago de un 15% de retenciones a las exportaciones agropecuarias, industriales y de economías regionales, esta última suprimida por el fuerte rechazo que generaba. Pero la elevación de 31% a 33% de los subproductos de la soja, y por esto se entiende, la harina y el aceite, también iban a recibir el voto negativo de casi todos.

El impuesto a las Ganancias, ahora denominado a los Ingresos Personales, que es coparticipable, fue enviado esta semana al Congreso, como un proyecto aparte. Se consideró al menos satisfactorio su establecimiento para sueldos brutos desde $1.250.000 en caso de los solteros sin hijos, y de $1.900.000 para casados con hijos, ya que el gobierno pretendía restablecerlo para la cuarta categoría, a contramano de como fue votado en septiembre, a instancias de la propuesta del ex Ministro de Economía, Sergio Massa. Moratoria, Bienes Personales y blanqueo, estaban en un permanente tira y afloja, sobre todo porque la pretensión de las provincias era que este último, fuese coparticipable.

La discusión por los haberes jubilatorios, dando de baja el actual régimen de cálculo a través de la fórmula de movilidad, actualizándolos mensualmente por inflación, recibió su rechazo cuando se supo que dichos ajustes se implementarían a partir del mes de abril, dejando afuera los meses de mayor índices inflacionarios, como el de enero, que podría implicar una pérdida del poder adquisitivo del 30%.

El mismo ministro que tomó el poder de la sensible área de Infraestructura, con la salida del ex ministro Ferraro, asumiendo el rango de secretaría y quedando bajo la órbita de Luis “Toto” Caputo, tuvo que dar marcha atrás con el capítulo fiscal, más allá de las modificaciones realizadas previamente en algunos artículos de la ley, negociación mediante con propios y ajenos, que si bien parecía no contar con margen de negociación alguno, se convirtió en el principal obstáculo para darle continuidad, con la pretensión de que prospere para convertirse en ley, del proyecto que presentó el gobierno en el Congreso para sentar las Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, tal como se denomina.

Por más que hubiese dictamen, tanto en este proyecto como en cualquier otro, lo que se pretende es una futura y más que probable aprobación en el recinto, cuando se trata punto por punto. De ser los principales, los referidos a los cambios que se plantean en materia económica, ahora muy cuestionados, no serviría de mucho la firma de un dictamen o dictámenes de mayoría y minoría, estableciéndose incluso firmas en disidencia, que traería discusiones insalvables en el debate parlamentario del tratamiento del proyecto. En este caso, la obtención de un dictamen de mayoría, contó con 55 adhesiones, de las cuales 34 fueron con disidencias de los llamados “dialoguistas”. Hubo quienes denunciaron que  el dictamen podía “seguir escribiéndose en algún despacho del Congreso” porque lo habían firmado “en una hoja en blanco” y que los consensos a los que se habían arribado, no habían sido incluidos en el texto.

Así como la tropa de gobernadores y legisladores propios se plantaron en contra de los puntos señalados, las fisuras también se vieron entre los integrantes de Unión por la Patria. Así es como fue contundente la ruptura del tucumano Osvaldo Jaldo en el Congreso, quien viajó a Bs As para negociar con La Libertad Avanza y firmar el dictamen, respaldando a los diputados de su provincia, como a Agustin “Tini” Fernández, quienes formaron un bloque aparte denominado “Independencia”. Las palabras del gobernador Jaldo a Milei reflejaron su apoyo: “Cuando la patria está en peligro, hay que sacarse las diferencias partidarias y personales de encima”. Así es como apareció otro bloque peronista y el apoyo impensado de un gobernador que plantea una interna dentro de su frente, del cual se escinde.

Con todo el apoyo logrado, este no era suficiente. Principalmente porque causó extrañeza y hasta disgusto y desaprobación. Incluso algún gobernador, como lo hizo el de Chubut, Ignacio Torres, se animó a referirse a la “angustia” que sentía, habiendo sido uno de los propios y más combativos cuando advertía al presidente que “no nos van a amedrentar con ninguna amenaza”, y sus declaraciones resonaban más fuertes que las de la oposición, como las de Gustavo Melella, quien señalaba que “no queremos ser cómplices de este ajuste” y que “Tierra del Fuego está unida en defensa de la soberanía, las industrias y los puestos de trabajo”, o de Alberto Weterilneck, el gobernador de Río Negro, quien manifestó públicamente que no iba a aceptar “ningún tipo de apriete”, y su vicegobernador, Pedro Pesatti, quien, yendo aún más lejos, advirtió que “podemos dejar sin energía al gobierno nacional”. Claro que, una cosa es escuchar el reclamo y oposición al proyecto de los gobernadores peronistas, y otra, hacerlo de boca de los aliados de Juntos por el Cambio.

Pero hubo modificaciones al proyecto. Y eso ocurrió después de las reuniones del Ministro del Interior, Guillermo Francos, y Santiago Caputo, mano derecha y estratega del presidente Javier Milei, con gobernadores que les acercaron propuestas consensuadas con el resto, unificando criterios, tal como lo hizo el primer mandatario de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en representación de otros líderes provinciales. Los funcionarios del gobierno nacional también pudieron reunirse con los “dialoguistas” de tal modo de llegar a acuerdos antes de ser firmado el dictamen y, de hecho, para lograr que saliera. Sin ceder en el aumento de las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario, el gobierno supuso que bastaba con la eliminación de los impuestos a las economías regionales. Incluso los gobernadores estaban dispuestos a que el gobierno eliminase cualquier gasto tributario de los más de 30 regímenes especiales y con exenciones impositivas, que según Frigerio representan el 4,5% del PBI, propuesta que también es bien vista por Miguel Ángel Pichetto de Hacemos Coalición Federal. Era ineludible sacar del texto el tema del aumento de las retenciones, tan sensible a la economía de varias provincias y que el gobierno sabía se iba a caer en el recinto cuando trataran el proyecto. Lo mismo pasó con las jubilaciones. La aceptación del ajuste por inflación acordado se cayó con la propuesta sobre la modalidad en cuanto al comienzo de su aplicación. Y también ocurrió con los demás consensos que los gobernadores consideraron que no estuvieron contemplados. A esto se sumó la amenaza del Ministro de Economía por Twitter que de no aprobarse la ley, se recortarán aún más las transferencias que reciben las provincias de Nación.

Por lo expuesto, el gobierno tomó nota del dificilísimo trámite parlamentario por el que el proyecto de ley ómnibus debía atravesar en el recinto de la Cámara de Diputados, discusión que finalmente quedó para el martes. Tan complicado iba a resultar, tan controvertidos los puntos a debatir del llamado capítulo fiscal, que podían hacer naufragar la media sanción de la ley. Si bien los puntos económicos en cuestión son considerados por el gobierno, y especialmente por el Ministro Luis “Toto” Caputo, como el corazón, el meollo central en el cual se apoya el gobierno para la implementación de las medidas de política económica para realizar la transformación que considera necesaria para salir del déficit fiscal, equilibrar las cuentas y superar la crisis, como primera etapa, reconoce que son también el principal obstáculo en el trayecto que debe seguir el proyecto.

Seguramente se evalúen posteriormente, y supongo que, en la inmediatez las estarán ideando para concretarlas, una serie de medidas para compensar los ingresos que al gobierno se le va de las manos con la supresión de estas medidas. De hecho, frente a los periodistas, en la Casa Rosada, Caputo afirmó, a modo de adelanto, que “si vamos a resignar ingresos, naturalmente vamos a tener que disminuir gastos, y eso nos incluye a todos”. Un ajuste mayor para todos fue a su vez la clara advertencia respecto de la intención del gobierno de lograr la sanción definitiva de la ley ómnibus. De todas maneras, y a modo de precaución el ministro se encargó de resaltar que “trataremos de consensuarlas con los gobernadores y legisladores en el futuro”.

María Belén Aramburu