¿Cómo conciliar el ajuste de Javier Milei con el del FMI?

En primer lugar es importante aclarar que tenemos un compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Al haber contraído una deuda con el organismo financiero, debemos pagarla. De no hacerlo, nos caeríamos del mapa económico-financiero mundial. Pero ese no es el planteo del gobierno de Javier Milei. Todo lo contrario, y a contramano de la izquierda, que siempre se ha opuesto al pago de la deuda e ideológicamente al concepto que engloba al FMI, y del kirchnerismo, quien criticó la negociación que, vía proyecto de ley, y acuerdo mediante con Juntos por el Cambio, el ex presidente Alberto Fernández resolvió para no caer en default y dar cumplimiento a las obligaciones contraídas. No todo es tan lineal como parece.

Contraer una deuda con el Fondo Monetario Internacional tiene su contrapartida en requisitos que establece el acreedor, como sucede siempre que se pide un préstamo. Sometiéndonos a periódicas revisiones técnicas, el organismo supervisa el cumplimiento de las condiciones impuestas que, explicado de manera lisa y llana, atiende al control del manejo de las cuentas, para que, mediante el desarrollo e implementación de un programa económico, al menos acordado en líneas generales, se asegure que el país en cuestión, en este caso el nuestro, pague sus obligaciones. Y cuando no alcanza para pagar, y se le pide al mismo organismo más dinero para afrontar el capital y los intereses, el acreedor pide un mayor ajuste de las cuentas que, traducido en áreas específicas del presupuesto, remite principalmente al gasto público.

El ajuste que el presidente Javier Milei está llevando a cabo a través de su programa de gobierno, no está vinculada a un reclamo del FMI. Durante su campaña hizo una fuerte alusión a la llamada “motosierra”, que aplica a rajatabla. Para dar un ejemplo concreto en relación con los múltiples enfoques de recortes, el primer mandatario hizo referencia recientemente a que “ya eliminamos 50.000 cargos públicos y ahora vamos a eliminar 20.000 más, hasta llegar a 70.000”. También, y para agregar mayor valor a sus palabras, basó la credibilidad en su política económica, en determinadas encuestas que, aseguró, sostienen que el 70% de los consultados, pese a resaltar y confirmar que su situación económica se encuentra peor de lo que estaba anteriormente, creen que va a mejorar y que el gobierno va a “derrotar la inflación”. Si no fuese este porcentaje y se tratase de otro, de acuerdo a los números que surgen o pudiesen surgir de otros estudios, lo cierto es que en la actualidad, el presidente Milei, goza de un alto porcentaje de apoyo a un plan que, entre “la motosierra” y “la licuadora”, comprimen el poder adquisitivo de la mayoría de la población que, por otra parte, lo resiste y tolera, en pos de una expectación de un futuro próximo y más bien a corto plazo, de una mejora sustancial y significativa de su situación económica y la del país, y especialmente en contraste con la del gobierno anterior, incluyendo a todos los de signo kirchnerista, según se advirtió en los resultados electorales.

Aclarado entonces que el ajuste del gobierno de Javier Milei no estuvo ni está relacionado específicamente con un reclamo del FMI, convengamos que el organismo financiero internacional reclama, por su cuenta, un ajuste para que el país le pague la deuda contraída. ¿Son dos ajustes diferentes? No necesariamente. Emanan de ámbitos diferentes, pero se emparentan de alguna manera, si bien dos planes estratégicamente evaluados y gestados con el propósito de lograr el crecimiento económico de la Argentina, aunque no con los mismos propósitos. Porque el pretendido por el gobierno del libertario se basa en el profundo cambio desde el cual, tanto en cuanto a la aplicación de su política económica, como en el basamento ideológico que la sustenta, tiene la mira en los objetivos trazados y anunciados a través de sus frecuentes apariciones públicas, en las que se encarga de explicarlos detalladamente para dar cuenta de cómo piensa bajar la inflación, reducir la pobreza y aumentar la productividad para generar el tan esperado crecimiento económico. ¿Y el del FMI?

Lo anteriormente expuesto significa que, si bien no estamos hablando del mismo ajuste, en términos de diagramación programática, ambos deben ser conciliados. ¿Por qué? Porque van de la mano el uno con el otro. El del gobierno por tratarse de un ajuste doméstico que Milei y su equipo económico consideran necesario y urgente. Y el del Fondo Monetario porque, de no realizarse, se califica como riesgoso para el pago del préstamo otorgado, riesgo que se incrementa con los sucesivos pedidos de préstamos al mismo organismo financiero internacional para cubrir el pago de los intereses de la deuda. O sea, el FMI lo que quiere es que se le pague y, desde ya, y a tono con el objetivo de crecimiento, y más bien trascendiendo este, de desarrollo económico, que no sólo deje de ser deudor, sino que a du vez asuma el lugar de un país susceptible de ser considerado confiable, en el que se pueda invertir, alcanzando un rango de mayor eficiencia y eficacia en su administración, saliendo de una zona roja de conflicto financiero irresuelto.

El ajuste impuesto por el Fondo Monetario Internacional a nuestro país, cuestión que puede ser extendida a los demás, nos ha resultado siempre duro de aplicar, ya que los recortes han ido por la línea del gasto público. Cristina Kirchner se opuso, durante el gobierno de Alberto Fernández, que era el propio siendo su vicepresidenta, a obedecer el contenido de las normas establecidas por el organismo financiero en el marco de la negociación que se estaba llevando a cabo para no caer en default y cumplir, en parte, con los compromisos asumidos, obteniendo nuevos créditos para pagar. En la Cámara de Diputados, su hijo y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, renunció a su titularidad, para ser reemplazado por Sergio Massa. La oposición era el kircnerismo dentro del propio gobierno, uno de los puntos de quiebre más fuertes que asestó al anterior gobierno. La vicepresidenta era reacia a aplicar el ajuste requerido por el Fondo, a sabiendas de las revisiones técnicas del organismo para sus correspondientes evaluaciones, de las cuales derivarían, o no, próximos desembolsos en un circuito vicioso difícil de romper, de no lograr un crecimiento y, desde ya, un desarrollo económico viables y sustentables , de modo de pagar la deuda sin ir en desmedro del poder adquisitivo y calidad de vida de los argentinos, tal cual el concepto transmitido por Cristina Kirchner. Para ello había que recortar el gasto social, comenzando con los planes sociales y siguiendo con una reforma laboral en principio y una reestructuración del sistema productivo. El gobierno del ex presidente Mauricio Macri, que contrajo una deuda de US$44.000 millones, también se vio sometido, claramente, a exigencias de su acreedor, y en este caso acreedores, tratándose de los socios del FMI que a su vez la Argentina integra,  con la exigencia de llevar a cabo ajustes para dar cumplimiento al pago de sus obligaciones, así como sucedió cada vez que un gobierno tomaba deuda.

El ajuste del gobierno de Milei va en consonancia con el reclamado por el Fondo, aunque cada uno transite por su correspondiente carril y se encuentren en un punto del camino a transitar juntos cuando la supervisión técnica del organismo golpea la puerta. Tal es el caso de la reciente visita al país del director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo monetario, Rodrigo Valdés, quien, habiendo destacado que el gobierno argentino realizó un “progreso impresionante” en relación con la inflación y reservas del Banco Central, advirtió “que el peso del ajuste no caiga desproporcionadamente sobre las familias trabajadoras”. O sea que el tan temido ajuste reclamado por el FMI, advierte sobre el alcance del ajuste que realiza el actual gobierno para que este no repercuta en los sectores más vulnerables. Si bien “comparte la visión de las autoridades” respecto a “una economía orientada al mercado” que el Fondo cree que “traerá prosperidad al país”, teniendo en consideración que la política económica de Milei está más en sintonía con las ideas sostenidas por el organismo internacional, el director del organismo, enfatizó sobre un mejoramiento de la calidad del ajuste fiscal, advirtiendo, en sus palabras, “la calidad, quiero subrayar, no la cantidad”. Lo pide entendiendo que “el plan está focalizado en un ancla fiscal muy fuerte que elimina cualquier financiamiento del Banco Central al gobierno, a la vez que combina con políticas para bajar la inflación, para aumentar las reservas o también para reorganizar las distorsiones que están impidiendo el crecimiento en el país”. Vale decir que el FMI avala el ajuste del gobierno de Milei, a la vez que reclama su sostenibilidad. Claramente le parece muy duro el ajuste para poder ser tolerado por los más vulnerables, en un país que se alza con un 60% de pobreza. Pide se ponga el ojo en la llamada “licuadora”.

La respuesta de Milei se tradujo en la defensa de su modelo económico con un “plan de estabilización” para combatir la inflación, que fue el elogiado por el Fondo, descartando alterar el ritmo de la devaluación que, según el primer mandatario desafiaría al mercado que “no lo hace”. A su vez expuso su objetivo de ir hacia “un sistema de banca libre”, que se apoyará en “el saneamiento del Banco Central y una reforma financiera”, además de dar cifra sobre los despidos de estatales nacionales. La política estuve muy presente en su alocución, señalando un “círculo rojo analógico” que “no ve” el cambio que se está gestando y aludiendo a su compromiso de sanear una economía desequilibrada, producida “por haber vivido más de 20 años bajo un régimen populista salvaje”. El director del FMI, Rodrigo Valdés, también fue crítico del gobierno anterior, aunque sin mencionarlo, pero aludiendo al incumplimiento en cuanto a la falta del ajuste requerido en su oportunidad.

Si bien la idea del gobierno de Javier Milei sería la de no continuar contrayendo deuda para pagar la deuda, sino contar con recursos propios provenientes de las reservas del Banco Central, saneamiento de la entidad autárquica mediante, vía, por ejemplo aumento de las exportaciones, entre otras medidas, sabe que nuevos desembolsos podrían ser necesarios hasta poder alcanzar la situación ideal deseable en materia de independencia financiera. De crecer la confianza en el país, habría inversiones, propias y del exterior, que generarían también un movimiento del andamiaje del sistema productivo para permitir que la rueda de la economía gire, por lo que a su vez, el mercado externo sería más permeable a prestarle dinero a un país comprometido con su política económica, aunque, eso sí, con los resultados a la vista.

Entre la situación ideal de contar con recursos propios para pagar la deuda y no depender de nuevos préstamos del FMI y la real, actual, hay una brecha que nos remite a consideraciones y evaluaciones externas sobre nuestro desempeño en materia económica, nuestra sustentabilidad y sostenibilidad, en el logro del crecimiento y desarrollo.

Por María Belén Aramburu