domingo 26 de mayo de 2024
Nubes 9.8ºc | Buenos Aires
03/04/2024

Buscando votos para la Ley Bases, provincia por provincia

¿Cuán importante es para el gobierno de Javier Milei la sanción de la Ley? ¿Podría gobernar sin ella?

Buscando votos para la Ley Bases, provincia por provincia

El gobierno nacional tiene frente a su cara el desafío más grande que se haya trazado desde que comenzó su gestión. La sanción del proyecto de la llamada Ley Bases, que fue recortada de tal modo que dejó de denominarse “ómnibus”, que espera ser abordado para su tratamiento parlamentario, con el ingreso correspondiente por la Cámara de Diputados, rechazado en primera instancia y modificado, para ser aprobado. Aún hoy sigue siendo susceptible de modificaciones a ser resueltas mediante permanentes y constantes negociaciones. Al proyecto se suma también, como desafío, el decreto de necesidad y urgencia, que también sufrió su propia embestida en la Cámara de Senadores.

¿Cuán importante es para el gobierno de Javier Milei la sanción de la Ley Bases? ¿Podría gobernar sin ella? Importante es, sino no estaría buscando los votos necesarios para su sanción, provincia por provincia, gobernador por gobernador, y legislador por legislador en el Congreso. La legalidad suma legitimidad y consenso a cualquier gestión, ya sea en el ámbito doméstico para su implementación, como en la mirada internacional que se lo exige, implícita o explícitamente, tal como lo hizo el Fondo Monetario Internacional. Podría gobernar sin la ley mencionada, y de hecho lo está haciendo, con las bases, no todas porque algunas requieren de la existencia de hecho de la ley, por lo que la búsqueda de los votos necesarios para su aprobación se ha vuelto toda una misión para los libertarios, con el objetivo de alcanzarlos en el más corto plazo posible.

Si bien el presidente Javier Milei ha manifestado en entrevistas públicas, después de no haber prosperado en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley Bases, que “el programa económico no está en riesgo, por lo que la ley, al sólo impactar en el largo plazo, podemos seguir sin drama”, aclarando que “yo di la orden de levantar el proyecto”, y habiendo advertido que “el ajuste será mayor para todos”, sabe que necesita la ley. Él mismo refiere que, de haberse sancionado, estaríamos en un mejor camino para solucionar la crisis económica y acelerar los plazos pendientes. De todos modos, el primer mandatario siempre deja en claro que va a gobernar sobre las bases que estableció en el proyecto, con su sanción, y sin ella también, ya que fija el programa de política económica que prometió, en campaña, llevar adelante de resultar electo, y del que está absolutamente convencido.

Luego del quiebre de la relación entre el presidente y los gobernadores y legisladores, a los cuales calificó de “lobos disfrazados de corderos”, “delincuentes que quieren una Argentina peor porque no están dispuestos a ceder privilegios”, criticando a “los que traicionaron el cambio” porque los consideraba aliados, y de los cuales dijo que “se equivocó” porque tenía otra expectativa respecto de su comprensión de la política económica del gobierno, ya que “quieren el cambio siempre y cuando no se toque lo suyo”, atribuyendo el fracaso a que “el proyecto fue saboteado porque las partidas discrecionales a las provincias cayeron en un 98%”, y de “no jugar limpio”, hubo que sentarse a negociar nuevamente, tarea que le cupo, principal aunque no exclusivamente, al Ministro del Interior, Guillermo Francos. En pleno movimiento se encuentran también los titulares del Senado, Victoria Villarruel y de Diputados, Martín Menem.

La tarea de Guillermo Francos es la de negociar con los gobernadores, uno por uno. Si bien los aglutinó por regiones, algo que sugerí en una de mis editoriales de @Haceinstantes, cuestión que es muy práctica y conducente, hay que hacer la salvedad que, si bien comparten situaciones y problemas a resolver en común, también se debe considerar que cada una tiene las circunstancias propias de su distrito y cada primer mandatario debe responder de manera particular a la ciudadanía que lo votó, con las respuestas prometidas y las que rápidamente debe encontrar. Además, cada primer mandatario pertenece a un partido político y/o frente que lo condiciona en parte en sus decisiones, y por la otra, cuando puediese existir una tirantez entre la defensa de los intereses de su electorado y los enunciados del proyecto de Ley Bases. El Ministro Francos aseguró que ha “seguido conversando con los gobernadores durante todo este tiempo” y que ha “tenido reuniones y hemos ido avanzando”, con la convicción de que “la Ley Bases se va a tratar en el Congreso hacia fines de este mes”, remontando a su vez el proyecto del gobierno, luego de la acusación del presidente Milei de que los gobernadores estaban intentando desatar una hiperinflación, al cuestionarlo.

Todos conocen el juego. Javier Milei todavía cuenta con la base popular que lo llevó al poder en las elecciones del año pasado y que se sustenta en el crédito de que la economía va a estar mejor, tiempo que parte del electorado apunta al plazo de un año. ¿Cuánto más se podría resistir el ajuste, sobre todo atendiendo a que son los más vulnerables, dentro del espectro de quienes lo votaron, los que, según algunas encuestas, apoyan el programa económico como una salida a su situación, que consideran eficaz? Esa respuesta no se conoce, pese a que el gobierno sostiene que, con el apoyo con el que cuenta actualmente, todavía tiene margen de maniobra. Y esto es importante a la hora de negociar y saber hasta dónde se puede torcer el brazo de algún gobernador y/o legislador, teniendo la contrapartida de quienes se reconozcan con el poder propio como para hacerle frente, también sustentado en su electorado. Pretendo dejar muy en claro que el nivel de legitimidad hacia un mandatario es realmente muy importante para la toma de decisiones que pretende, a partir del mismo. Porque el presidente, sin contar con gobernadores propios, necesitando entonces, que éstos se sumen a su programa liberal de gobierno, posee el apoyo del electorado que lo votó, más aquel que, por afinidad, se le pliegue.

En el tablero, los puntos se van anotando. El kirchnerismo y la izquierda no apoyan en absoluto la Ley de Bases, a menos que aparezca otro Osvaldo Jaldo, quien se escindió de Unión por la Patria en el Congreso, conformando un bloque propio, avalando el proyecto, aunque marcándole la cancha al Ministro Francos, en ocasión de la cumbre de gobernadores Norte Grande, en Salta. Siendo el principal reclamo de todos los entonces presentes, la recomposición de recursos como el Fondo de Incentivo Docente, los subsidios al transporte, la reactivación de las obras públicas y el gran tema de la caída de la coparticipación, aclaró que “estamos viendo el impacto negativo de nuestras arcas financieras y a este ritmo vamos a tener problemas sociales en las provincias”, invitando al gobierno nacional a “buscar un punto de equilibrio de ambas partes” y que les digan “con qué conceptos vamos a compensar lo que las provincias hemos perdido en este tiempo”, a modo de resumen de las palabras de un reciente aliado. Otra alerta fue la del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, quien anticipó que “si no hay recursos para mi provincia en materia de educación y salud, nuestros legisladores no van a acompañar la Ley Bases ni tampoco habrá Pacto de Mayo”. Al rechazo del kirchnerismo, se suma el de la izquierda.

Vamos ahora por los que sí van a acompañar al gobierno. Sin ser gobernadores libertarios, apoyan al presidente. Conforman el conglomerado de diez primeros mandatarios de Juntos por el Cambio, quienes a su vez se diferencian entre sus respectivos partidos políticos de pertenencia. Podríamos establecer que el PRO se alinea directamente con Javier Milei, y cuenta con la contundencia manifestada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, o la del de la provincia de Entre Ríos Rogelio Frigerio, quien ha afirmado que lo hace “por convicción” a la vez que se desafía con “cumplir con lo que prometí a los entrerrianos”. El recientemente convertido en líder patagónico, Ignacio “Nacho” Torres, guarda sus reparos, pero todos, aún los de la Unión Cívica Radical, con sus diferencias frente a algunos puntos concretos, ya que también atraviesan momentos acuciantes y difíciles en sus provincias, están inclinados a apoyar el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Pondrán reparos en el paquete fiscal, cuestión tratada en el DNU del Ejecutivo y por la deuda de la Nación con las provincias en materia previsional, entre otros temas. El Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Fondo Compensador del Transporte, se ponen en tela de juicio en las circunstancias actuales, debiendo cada distrito atender sus propias exigencias en el marco de una crisis. Y el costo político de gravar la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias también es un tema a resolver, ya que no todas las provincias se encuentran en la misma situación y la medida recaería indiscutiblemente sobre la clase media trabajadora. Con sus diferencias, el gobierno sabe que tendrá de su lado a la mayoría de estos gobernadores, y que tendrá que negociar con algunos de manera más ardua, ya que hasta el de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien ha aclarado que tiene “una mirada diferente a la del gobierno nacional sobre cómo va a salir adelante el país”, admitió que, si bien está de acuerdo con “el fondo” del Pacto de Mayo, “que tiene que ver con dejar en equilibrio las cuentas del Estado Nacional”, pretende que se pueda debatir “la agenda del Interior productivo” porque no va a ir contra el campo, la industria o el biodiesel. “A Santa Fe le debe plata la Nación y no al revés”, aseguró Pullaro, a la vez que reclamó que le den sus “recursos y con eso me arreglo”.

¿Qué pasaría de no pasar satisfactoriamente por el Congreso el proyecto de Ley Bases? Se seguirá gobernando como si estuviese sancionada pero con las enormes dificultades señaladas anteriormente, ya que muchos de sus ítems requieren de una legislación acorde. ¿Se podría llevar a cabo el Pacto de Mayo? De no sancionarse el proyecto de ley resultaría absolutamente inviable. ¿Con quiénes celebraría un acuerdo de no existir consenso? ¿Con unos pocos? Imposible. ¿Cuál sería entonces la ventaja política que el presidente Milei podría obtener de fracasar en el Congreso y de la tan mentada asamblea pública en la ciudad de Córdoba en fecha patria? Lo mismo que viene sosteniendo hasta ahora. La división generada por diferencias marcadas en el rumbo que debe transitar el país para alcanzar su plena transformación y brillo propio: los que “la ven” y los que no, la “casta” que no “quiere el cambio para conservar sus privilegios” vs los que “quieren el cambio”. Siempre y cuando Milei conserve su rédito político basado en la confianza de la gente, lo cual por transferencia, podría trasladarse, en el mejor de los casos, como una suerte de transferencia que culmine en gobernadores y legisladores que se muestren más afines con el gobierno nacional. Aunque esto requeriría de un proceso que llevaría tiempo, esfuerzo y, sobre todo, adhesión, para lograrse. Por ahora el presidente y su gobierno ponen de su lado a los que se encolumnan tras las ideas libertarias de cambio, y los que “no la ven”.

Por María Belén Aramburu

Te puede interesar
Últimas noticias