La difícil relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo

En momentos del envío del proyecto de ley “ómnibus” por parte del presidente Javier Milei al Congreso de la Nación, se me ocurre pensar en la difícil relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo que, si bien se prolongan en el tiempo, durante el transcurso de un mandato gubernamental, ni bien éste comienza, aparece como una lucha de fuerzas en conflicto que devienen de la imposición que, en un país presidencialista como el nuestro, pretende hacer el primer mandatario nacional sobre cuestiones que hacen a su programa de gobierno y que considera fundamentales para su desarrollo e implementación.

Cabe aclarar que este proceso, sobre todo inicial, no sólo es observable en la Argentina, sino en muchos otros países del mundo, pudiendo citar a una potencia mundial como lo es los Estados Unidos. En países en los que existe un primer ministro éste aparece como una primera figura, pero lo cierto es que las naciones en las que el Congreso tiene la hegemonía, obligan a los primeros mandatarios a una negociación permanente con el Poder Legislativo, muy lejana a la imposición de normas, y que requieren de un debate permanente entre los representantes de los partidos políticos que componen las respectivas Cámaras.

En nuestro país, el poder del Congreso Nacional ha ido creciendo a la par del intento de limitar la esfera del poder del Ejecutivo que, según nuestra Constitución, es unipersonal, salvo que las mayorías de las Cámaras de Diputados y Senadores, en el mejor de los casos o, la primera minoría en otros, sea detentada por el oficialismo y, perteneciendo al mismo partido o frente político, poco o nada deban negociar con el resto de la representación partidaria con la que conviven, para sancionar los proyectos de ley enviados para su tratamiento parlamentario, por el presidente que, en este caso los lidera.

También hemos visto claramente cómo, siendo el vicepresidente el titular del Senado, éste puede empantanar un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, aún perteneciendo al mismo partido o frente político. Sólo para citar casos recientes, éste ha sido el del proyecto de ley relacionado con la negociación de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, enviado por el expresidente Alberto Fernández, al que se opuso Cristina Kirchner, brindando públicamente un lujo de detalles al respecto, a la vez que su propio hijo, Máximo Kirchner, quien hasta el momento se desempeñaba como titular de la Cámara de Diputados, siguiendo los mismos pasos que su madre, y hasta renunciando a esta titularidad. Fue entonces que el ex primer mandatario debió recurrir al apoyo de los votos de la oposición para lograr la sanción de un proyecto al que se consideró era una cuestión de Estado. A partir de allí la relación entre el expresidente y la exvicepresidenta se tensó aún más, hasta llegar al quiebre total. Más emblemático resultó el caso del voto “no positivo” del exvicepresidente radical Julio Cobos, ante el desempate obligado debido a la votación de las dos Cámaras del Congreso respecto de la resolución 125, ideada por el entonces Ministro de Economía, Martín Lousteau, también de extracción radical, que aplicaba retenciones móviles al sector agropecuario. La dirección del voto de Cobos desembocó en su salida del gobierno, y la consecuente ruptura del frente conformado con parte de la Unión Cívica Radical, que llevó a su primera presidencia, a Cristina Kirchner.

Con la Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos en la mano, hoy la situación se presenta de manera diferente. La vicepresidenta Victoria Villarruel, junto con el Ministro del Interior Guillermo Francos, éste último de buen vínculo con los gobernadores y, por ello, con los legisladores provinciales que representan a dichos distritos, intentan avanzar, al menos por ahora, con la media sanción restante del proyecto de Boleta Única de Papel, que cuenta con la otra media sanción de Diputados. Habiendo reunido a los jefes de bloques aliados, en una Cámara en la que se está definiendo el armado de las comisiones, por su composición en números de representación partidaria, se requiere y requerirá de una negociación permanente. Sabido esto, y conociendo el paño, la frase expulsada por Javier Milei hacia los legisladores sobre la “lentitud” puesta “al debate del DNU, porque “buscan coimas”, dejó expuesta la tensa relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que requiere de mayores tacto y sutileza, cuando no se goza de números amplios y la estrechez incluso se percibe en filas propias que, viendo mermado su poder de legislar, se resisten al voto automático del proyecto, aún en los inicios de la luna de miel con el Presidente.

La luna de miel, al igual que en los inicios de un matrimonio, o de una relación afectiva se trate de la que se sea, es corta. La incondicionalidad reinante en la primera etapa transmuta hacia una condicionalidad que pone límites y hasta puede llegar a la ruptura, de no ser porque los principios que básicamente los unen, continúan vigentes. La buena lectura que el presidente Javier Milei y su gobierno hicieron sobre este tema, es lo que lo instó al envío de semejante proyecto, al igual que la buena interpretación sobre el vínculo inicial con sus votantes, que le dieron una alta legitimidad frente al resto, incluida la que provino de la ciudadanía de las provincias que votaron por un partido opuesto al actual oficialismo. Aprovechar este tiempo requiere además de la necesaria “cintura política” para permitir la aceptación de lo que es difícilmente digerible, cuando de ajustes y modificaciones al status quo respecta.

La foto del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con el Ministro del Interior, Guillermo Francos, refiere a la acción conjunta con la Cámara Baja para el ingreso del proyecto ómnibus, que, por su magnitud, son 183 páginas y 664 artículos, y contenido, deberán ser analizados con tiempo y minuciosidad. Deberá pasar por varias comisiones, reunirse en un plenario para que pase al recinto, aunque podría ser tratado “sobre tablas”, de tratarse de una situación de emergencia como la que esgrime y justifica este proyecto. Aun así necesitará de los dos tercios de los presentes. El gobierno confía en el elegido Menem para destrabar cualquier obstáculo para lograr la media sanción, que además debiese tratarse, como se sabe, en una votación general para pasar después al debate de cada artículo. Así es como se lo escuchó afirmar que tiene que “salir lo más rápido posible”. Un recorrido similar será el que tomará el proyecto en la Cámara Alta para obtener su aprobación, susceptible de modificaciones, que obligarían a su retorno a Diputados.

Vemos entonces, que, tanto la titular del Senado, Victoria Villarruel, como el de Diputados, Martín Menem, están trabajando en sintonía con el Poder Ejecutivo, esperando lograr las suficientes adhesiones para su aprobación. Pero el camino se presenta arduo cuando los legisladores de la oposición y algunos aliados, advierten sobre el avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo, al reparar en un DNU. Pero... ¿quién puede arrojar la primera piedra sobre la pertenencia política e ideológica a un gobierno que no haya recurrido a los decretos en primera instancia, y a los más específicos de necesidad y urgencia con los argumentos que los respaldaban? Recuerdo el gobierno de Eduardo Duhalde, luego de la crisis de 2001, en que la situación era tan acuciante, que se emitían decretos de necesidad y urgencia con una frecuencia que obligaba a explicarlos para hacerlos accesibles a la ciudadanía. En ese entonces conducía un programa periodístico y hablé con la producción sobre la necesidad del desarrollo casi diario del contenido de los decretos para que el público pudiese entender su contenido y actuar en consecuencia, por lo que, casi a diario, varios minutos del programa iban en esa dirección. La emergencia económica de ese entonces lo ameritaba y se daba por hecho que los decretos fueran moneda corriente. Pero... ¿cuántos años hemos sostenido la necesidad de decretos basados en la “emergencia económica”? Vivimos en una permanencia de “emergencia económica” de la cual no podemos salir evidentemente. Cuesta pensar que la Argentina, tan rica por sus recursos, tenga millones de ciudadanos en situación de pobreza y muchos de ellos en indigencia. Y sigamos en situación de “emergencia económica” gobierno tras gobierno.

Siendo que los presidentes utilizan un recurso que la Constitución les brinda como herramienta a su favor, convengamos que algunos lo hacen en demasía. Esta facultad los habilita, aunque no discrecionalmente, sino con argumentos sólidos que, ante una situación calificada como excepcional, permita contar con la agilidad de una resolución ejecutiva presidencial rápida, sin tratamiento parlamentario mediante, contemplando a su vez, los temas que podrían incluirse en un decreto, de los que necesariamente, y también según la Constitución, deben pasar por el Congreso y su aprobación. De hecho la necesidad del decreto también debe gozar de consenso político y ciudadano para su consentimiento, al menos social, siendo su aceptación mayoritaria, un requerimiento implícito para descartar una posible interpretación sobre su eventual su uso arbitrario y autoritario.

Tratándose de una situación excepcional, el decreto debe entonces ser utilizado solamente en casos como éste, siendo el Congreso el ámbito natural y constitucional para el debate de proyectos de ley que provengan incluso de la “iniciativa popular” de un ciudadano, además de los diputados, senadores y presidente de la Nación. La delegación legislativa en el Poder Ejecutivo está prohibida, salvo que se trate de medidas vinculadas con la administración o emergencia pública, de acuerdo lo establece el artículo 76 de la Constitución Nacional. La restricción del uso de los DNU, especificada en el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución, los habilita para situaciones extremas, casos en los que deben ser enviados al Congreso para su ratificación.

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se controlan entre sí a través de mecanismos constitucionales. La Justicia puede actuar por medio de una presentación que se haga al respecto, incluso cuando se interpreta un abuso de poder en cuanto a las atribuciones explícitamente aclaradas en la Carta Magna, y la existencia de una Comisión Bicameral de Fiscalización activada a tales propósitos, sirve de contralor en los casos específicos de los DNU.

Esta prerrogativa, cuando no se cuenta con la mayoría necesaria para la aprobación de los proyectos de ley del Ejecutivo, mediante tratamiento parlamentario, y que, por otra parte, extiende su dilación en el tiempo, es una tentación, cuando no, una necesidad, de ser implementada en el comienzo de un gobierno, que pretende realizar una transformación radical, barriendo antiguas normas, para dar comienzo a un nuevo ciclo. Como no es lo mismo la tentación que la necesidad, insisto en la lectura e interpretación de esta última, para que el Poder Legislativo siga siendo el ámbito de debate en el que se diriman cuestiones trascendentes del quehacer nacional, que tienen una inmensa repercusión en la vida cotidiana de los ciudadanos, individual y socialmente. La lectura también devendrá del sector político, con los legisladores que representan la elección de los votantes para ejercer su mandato, y de la ciudadanía en su conjunto, ya sea que haya votado o no al gobierno de turno y vislumbre, a través de implementación, medidas que contribuyan a su bienestar, y en esta oportunidad histórica, a la salida de una crisis que lleva varios años.

El gobierno de Javier Milei sabe que cualquier cambio, como el prometido en campaña electoral, quiera hacer, debe ser ahora o nunca, aprovechando la recepción social y política de su sinceridad en cuanto a la expresión de la realidad económica actual y sus consecuencias. Las consecuencias de sus medidas, a su vez, serán mensurables social y políticamente en el tiempo. También lo sabe. Y la forma en que elija gobernar, mediante decretos o proyectos de ley con su adecuado tratamiento parlamentario, también. Éste es sólo el comienzo de la nueva era del gobierno de Milei. Está todo por verse. Recién comienza su gobierno.

Por María Belén Aramburu