Otro aval del gobierno argentino a Venezuela, por María Belén Aramburu

El aval del gobierno de Alberto Fernández a Venezuela pasa por el retiro de la acusación de nuestro país ante la Corte Penal Internacional de La Haya por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno venezolano. Suma otro aval, muy importante desde ya, al que significó la oficialización de la salida del Grupo de Lima, cuestión esta última a la que me referí en un editorial de Hace Instantes publicado anteriormente. El reclamo se hizo a través de una carta que la embajada argentina en los Países Bajos a cargo de Mario Oyarzabal, le envió a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, quien dejará su cargo a mitad del próximo mes a favor del británico Karim Khan, antes de lo cual, se comprometió a abrir la investigación, cosa que aún no ha hecho. De lo contrario le cabría hacer a su sucesor.

La presentación del gobierno argentino ante la Corte Penal Internacional de La Haya data de agosto de 2018 cuando el presidente era Mauricio Macri y se hizo junto con Paraguay, Perú, Chile, Colombia, Venezuela y el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. En el caso de la Argentina la presentación sumó denuncias de inmigrantes venezolanos sobre situaciones que vivieron en su país antes de migrar.

El “informe Bachelet”, conocido así porque surge de la investigación de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ex presidenta chilena, fue elaborada a partir de una petición que le hizo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es a partir de 2019 que estos documentos comienzan a tomar forma oficial a través de denuncias que destacan que en los últimos diez años, pero especialmente desde 2016, el gobierno venezolano, puso en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno”, con la comisión de casi 7.000 ejecuciones extrajudiciales entre principios de 2018 y mayo de 2019. A los pocos meses del primer informe, Bachelet emitió el segundo con el argumento de que su oficina “siguió documentado alegaciones extrajudiciales por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales”, remarcando además la desastrosa situación económica que provocó el éxodo de venezolanos por toda la región. Al año siguiente, otro documento de su autoría reveló “violaciones a la libertad de expresión” y la “detención de líderes políticos, periodistas, sindicalistas, profesionales de la salud, personas que protestaban por los servicios públicos”. La oposición venezolana llegó también a formar parte de los informes ya que, teniendo mayoría en la Asamblea Nacional, no podían, según denunciaron, realizar su labor parlamentaria. Y el año pasado llegó el informe más fuerte de las Naciones Unidas haciendo alusión a “crímenes de lesa humanidad” orquestados por “políticas de Estado”. Todo esto se suma a las denuncias que Human Rights Watch estuvo realizando desde el año 2016.

Hace poco la Argentina tuvo expresiones solidarias hacia el gobierno venezolano cuando, sobre ese país, dijo que “el problema de los derechos humanos poco a poco fue desapareciendo”. Y el líder de la oposición, Juan Guaidó, le hizo saber su desagrado advirtiendo que “no se puede relativizar la violación de derechos humanos en Venezuela” ni “normalizar una tragedia por simpatías ideológicas”, poniéndose a disposición del presidente Alberto Fernández para entregarle los informes de las Naciones Unidas. Mientras, Guaidó, prepara el Acuerdo de Salvación Nacional en su país para lograr un diálogo fructífero con el gobierno nacional y avanzar en varios temas, sumando adhesiones regionales, en Estados Unidos y Europa.

La Argentina, al retirarse del Grupo de Lima y retirar la acusación contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional, avaló al gobierno venezolano una vez más.

María Belén Aramburu