Editorial HI
19/02/2021

Indulto, amnistía, ¿y la justicia?, por María Belén Aramburu

Ninguna de estas palabras conlleva liviandad y hacía tiempo que no se pronunciaban en nuestro país.

Indulto, amnistía, ¿y la justicia?, por María Belén Aramburu
Autor: María Belén Aramburu
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urante estos últimos días hemos escuchado en varias oportunidades las palabras indulto y amnistía, pronunciados por el propio presidente Alberto Fernández, algún que otro funcionario de su gobierno, juristas y dirigentes políticos.
 
Ninguna de estas palabras conlleva liviandad y hacía tiempo que no se pronunciaban ni se hablaba en estos términos en nuestro país.
 
El domingo, a propósito del fallecimiento del ex presidente y senador en ejercicio, Carlos Saúl Menem, se recordó el indulto a militares y civiles que actuaron en la última dictadura cívico-militar que comenzó el 24 de marzo de 1976 y finalizó con las elecciones democráticas que llevaron al poder a Raúl Alfonsín encumbrándolo como presidente de la Nación, el mismo que durante su gobierno llevó a cabo el juicio a las Juntas Militares, en tiempos en que todavía tenían injerencia en el poder político, tanta que a su vez asestaron a la República con levantamientos carapintadas.
Derrotados en los que fueron considerados intentos de golpes de estado, supieron gozar del beneficio de la sanción de las leyes de punto final y obediencia debida, conocidas como las “leyes de impunidad” que liberaron a los acusados dejando sin efecto condenas con sus respectivas investigaciones. Fue en 2003 cuando, habiendo sido anuladas, y habiendo pasado 20 años desde la instauración de la democracia, los juicios por la verdad y la justicia llevaron a la cárcel a varios de los responsables condenados por delitos de lesa humanidad que, por ser ser tales, no prescribían ni prescriben, por lo cual esta calificación resultó ser fundamental.
 
Volvamos al concepto del indulto. Durante su gobierno, entre 1989 y 1990, el ex presidente Carlos Menem indultó a los miembros de las juntas que habían sido condenados en 1985 en el Juicio a las Juntas Militares, además de a los civiles que tuvieron participación en ese entonces.
 
¿Qué diferencia la amnistía del indulto y cómo se implementan?
 
Con la amnistía el delito queda eliminado. Con el indulto lo que se elimina es la condena.
 
La amnistía no sólo elimina la pena otorgada al condenado considerado culpable de un delito, sino que ya no se lo considera culpable. Desaparecen sus responsabilidades y antecedentes penales. El indulto perdona el delito pero el individuo que lo cometió sigue siendo considerado culpable, pero se le ha perdonado el cumplimiento de la pena. O sea que mientras el indulto supone el perdón de la pena, la amnistía supone el del delito.
 
La amnistía no tiene como requisito una sentencia firme mientras que el indulto sí. La amnistía por lo general se aplica a los delitos considerados de orden político.
 
¿Cómo se otorga el indulto? A través de un acto administrativo. De acuerdo con nuestra Constitución es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo.
 
¿Qué requiere la amnistía? De una ley. Debe pasar necesariamente por la aprobación del Congreso.
 
El presidente Alberto Fernández aclaró que “si quieren indultar a los procesados, eso es una amnistía y depende del Congreso”, aclarando que para él “el indulto es una rémora monárquica que quedó en la Constitución”. Sabiendo como detalló el presidente que “si quieren indultar gente que está procesada , no existe ese insituto, eso es una amnistía y depende del Congreso”, el tema quedó transferido a otro poder.

El mensaje de Alberto Fernández apunta a una resolución que nada tiene que ver con el ejercicio de su poder en la presidencia, puesto que sería una invitación al Frente de Todos, principal expositor de reclamos respecto de la actuación de la justicia durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri. Pone el acento en el Poder Legislativo de pretender el bloque oficialista a través del ingreso de un proyecto de ley y tratamiento parlamentario mediante, contando con el número de votos que tendrían a su favor que, por el momento  no estarían claros dentro del propio bloque y con la consabida negativa de todos los sectores de la oposición.
 
El ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, pidió una ley de amnistía al cuestionar la condena que el máximo tribunal dejó firme contra Milagro Sala y la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de pasar las causas sobre supuesto espionaje ilegal durante la era macrista de los tribunales de Lomas de Zamora a los de Comodoro Py.
 
Zaffaroni, expresando el parecer de varios kirchneristas, decidió, también en nombre de muchos, sacarle el peso de esta responsabilidad al presidente Fernández para pasársela al Congreso, además de proponer la composición de “ una comisión parlamentaria de la verdad y convocar a una serie de personas incuestionables para poner blanco sobre negro” y establecer si hubo corrupción o se trató de un lawfare
 
Parece muy difícil establecer quiénes serían las “personas incuestionables” a las que apunta Zaffaroni para integrar una comisión. Porque éstos deberían revisar la actuación de la justicia durante el gobierno de Mauricio Macri y a su vez los integrantes del anterior gobierno lo harían con la actual justicia que lleva adelante imputaciones y procesos contra el ex presidente Macri y algunos de sus funcionarios.
 
Mientras el presidente Alberto Fernández asegura que “los procesos están confinados de irregularidades” mientras pide que “la justicia revise lo que pasó en estos cuatro años porque hay cosas que no están bien”, la justicia toda es puesta bajo sospecha. Incluso la intermediación de un tribunal paralelo e intermediario a la Corte Suprema de Justicia para tratar casos de denuncias o demandas por arbitrariedades procesales también pone en la mira a la justicia.
  
Si no se confía en la actuación del Poder Judicial a través de sus jueces ordinarios y/o de los integrantes del máximo tribunal, con la existencia de mecanismos de contralor entre los poderes del estado, además del funcionamiento e integración del Consejo de la Magistratura, cabe preguntarse si la pretendida reforma judicial hará más creíble y justa a la justicia vigente o por el contrario empeorará el escenario.
 
El debate en el Congreso por la reforma judicial que instalará nuevamente el presi Alb  Fernández en su discurso en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el próximo 1ro de marzo ya sabemos que cuenta con adhesiones y críticas que devendrán, de tratarse en el Parlamento, de votos a favor y en contra.
 
Pero, ¿cuál es la solución para una justicia más equitativa y justa cuando un alto porcentaje de la población no cree en ella y la ideologización la ha sectorizado en bandos opuestos de jueces afines y de un bando u otro?
 
Queda planteado el interrogante de la administración de la justicia en nuestro país. Tema de la agenda política que debe tratarse en profundidad.

 

Por María Belén Aramburu

 

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