El valor de las instituciones, por María Belén Aramburu

Si sobre alguno de los aspectos que hacen al buen y saludable funcionamiento de una democracia hay que poner suma atención, es en las instituciones. Y no puede ser que se discutan permanentemente los fallos judiciales, por supuesta parcialidad, y sospecha sobre la idoneidad y representatividad de los jueces, dependiendo del rumbo que tomen. Para eso existen procesos constitucionales para sus nombramientos y seguimiento sobre su desempeño, resolviendo, a su vez, institucionalmente, su permanencia o salida del sistema.

Una de las instituciones judiciales, cuya composición en cuanto a cantidad de miembros fue modificada recientemente, es el Consejo de la Magistratura. Sobre este tema expuse varias cuestiones en otra editorial de @Haceinstantes, en momentos en que, justamente aquellos que aspiraban a ocupar sus correspondientes cargos, en representación del Poder Legislativo, siendo estos en nombre de partidos y/o frentes políticos, por discrepancias respecto de divisiones consideradas posteriores a la composición de los bloques en las últimas elecciones, se llegó a una instancia judicial para buscar una salida, a cada uno de los casos de los involucrados.

El camino judicial para la resolución de conflictos, en este caso, fue el elegido para resolver los conflictos del ámbito político. Legisladores que, perteneciendo al Poder Legislativo, representarían, a través de sus cargos la fiscalización y desempeño del ejercicio en sus funciones de los jueces, además de las postulaciones para sus cargos, y las presentaciones de acusaciones que podrían derivar en expulsiones, por medio del andamiaje de la comisión de juicio político. Pero se plantean dudas respecto de los fallos y de quienes los emiten cuando no son satisfactorios a sus intereses.

Siempre hay argumentos desde la política para justificar una cuestión u otra. En el caso de la designación de Martín Doñate, el Frente de Todos argumentó que el fallo de la Corte refirió a la composición anterior y que, como, el bloque seguía dividido, le correspondía el lugar. Si se remite a la integración de los bloques en base a su composición en momentos de las elecciones, y no habiendo habido otro periodo electoral, no se podrían modificar, argumenta Juntos por el Cambio, por lo que, Luis Juez, fue a la justicia. El fallo de la magistrada María Alejandra Biotti, no aceptó el pedido del senador Juez, así que será la Corte Suprema, por medio de un per saltum, la que resolverá esta disputa en el mes de febrero. Por su parte, la Corte anuló la designación de Doñate y el oficialismo lo volvió a postular.

Lo mismo sucedió con la designación de la diputada radical Roxana Reyes, perteneciente a la Unión Cívica Radical, considerada por el Frente de Todos como perteneciente a Juntos por el Cambio, y discutido desde el ala radical por la conformación de su bloque, a quien el máximo tribunal le tomó juramento pero, pendiente de la resolución judicial. Porque, en medio de todo esto, un juez en lo contencioso, basándose en el fallo por Doñate, resolvió que no podía asumir, la Corte había dispuesto la jura de los cuatro diputados, entre ellos, el de Reyes, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, retiró los nombres, y la Corte les tomó juramento. Todo esto pasó en breve tiempo.

Mientras todo esto estuvo y está ocurriendo, el Consejo no se terminó de armar. Está en estado “stand by” desde el 18 de noviembre, a la espera de todas las resoluciones judiciales que dependen, en última instancia, de la Corte Suprema de Justicia. Si la Corte, por ejemplo, no le da la razón al senador Luis Juez, a través del recurso del per saltum, entonces ¿el máximo tribunal sería confiable para el Frente de Todos y, si no, no? Y lo mismo se aplica para cuestionamientos de otros partidos y/o frentes. Porque, de ser así, resultaría una Corte confiable y justa de aceptar a Doñate, pero no lo sería si acepta a Juez, y mucho menos lo es en su fallo a favor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en términos de lo resuelto por la coparticipación, desde esta perspectiva. No suena a ecuanimidad.

 El presidente Alberto Fernández manifestó que “no acato el fallo de la Corte”, en relación con la restitución de los fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires mediante una medida cautelar, pero también que “las decisiones judiciales son obligatorias aún cuando las estime disvaliosas e injustas”. Por un lado no acata el fallo pero sostiene que hay que cumplir con los fallos establecidos por la justicia, a la vez que las califica de “disvaliosas e injustas”.

El “imposible incumplimiento” aludido por el presidente, se convirtió en una reasignación de recursos disponibles de la contabilidad del ejercicio de este año para transferirlos a una cuenta del Banco Nación, bonos que fueron rechazados por el gobierno porteño, vía judicial, pero que llevó a la vicepresidenta Cristina Kirchner, a pronunciar una frase que sonó, al menos, extraña, refiriéndose a “la agrupación amague y recule”. El pago con bonos se dio después de que el gobierno nacional anunciara que iba a recusar a los jueces de la Corte Suprema, además de recusar a sus miembros.

“Es la tercera vez que nos presentamos, pero la Corte parece dispuesta a escuchar únicamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad”, agregando que “necesitamos terminar con estas desigualdades y con los fallos arbitrarios del partido judicial”, se quejó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Es en este caso, en el que también se advierte un cuestionamiento a la Corte Suprema y sus fallos, me pregunto y pregunto en general, cuál sería el límite de la aceptación o rechazo de los fallos de acuerdo a los intereses en juego y la dirección que asuman. Será momento de sentarse todos a analizar a fondo la composición e integridad de las instituciones que tienen bases constitucionales. ¿O es que se pretende dar la espalda a la Constitución? Y dentro de lo ya establecido, existen mecanismos, que fija la misma Constitución, para poner frenos y fiscalizarse entre los tres poderes del Estado y auditar a las instituciones que la misma República ha instaurado. Porque dentro de las mismas instituciones, los hombres y mujeres que las integran pueden, en su propia falibilidad, no corresponder con las exigencias que sus cargos les imponen, y fallar en el ejercicio de su función, para lo cual deberán ser acusados, mediante pruebas, y ser separados de sus cargos, e incluso condenados, de ser necesario. Todo ello por medio de mecanismos institucionales, regidos por la Constitución, la cual contempla, a su vez, la auditoría, controles y seguimientos como recursos válidos a estos propósitos. Si no, habría que ir a foja cero nuevamente, lo cual sería hasta impensable.

Las instituciones no están hechas a la medida de lo que le convenga a alguna parte de la sociedad, y de lo contrario, ser repudiadas y despreciadas. Con los mecanismos expuestos anteriormente, deben ser imparciales y, a su vez, fiscalizadas en su funcionamiento. De lo contrario, se vive en una confusión permanente, generando inestabilidad en el orden social para el normal funcionamiento del día a día en la ciudadanía, para la cual existen todas estas normas.

María Belén Aramburu