¿El gobierno podrá capitalizar el fallo a favor de YPF?

El fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York le dio un respiro al gobierno de Javier Milei y, con él, a la Argentina. De este modo, nuestro país quedó desvinculado de la condena que, en primera instancia, pesaba sobre el Estado argentino por la expropiación de la empresa energética en 2012, por la que debíamos pagar, de acuerdo con lo estipulado por la justicia norteamericana, US$16.000 millones que, con los intereses sumados desde 2013, alcanzaban los US$18.000 millones, luego de haber sido querellados por Burford Capital, un bufete inglés de abogados que había comprado los derechos de reclamo a accionistas legítimos para demandar a YPF y al Estado argentino en esta causa.

Para entender mejor esta cuestión, cabe aclarar que el reclamo lo iniciaron accionistas minoritarios, principalmente el grupo Petersen y los representados por el fondo Burford Capital. Su argumento se basó en que, cuando el Estado expropió el 51% de YPF en 2012, no efectuó la oferta pública de compra al resto de los accionistas. Ahora bien, Si la expropiación puede ser realizada por el Estado, ¿cuál es el problema? Que no se siguieron las normas que establece el estatuto de la empresa. En primera instancia, la jueza Loretta Preska determinó que dicho incumplimiento derivaba en la responsabilidad exclusiva del pago por parte del Estado argentino, y no de la empresa, porque la obligación recaía en el accionista que tomaba el control. El reciente fallo revocó esa condena, ya que consideró que esos reclamos no correspondían bajo el derecho argentino.

Que la demanda y su resolución se resolvieran en tribunales norteamericanos se debe a que las acciones de YPF cotizan en la Bolsa de Nueva York, siendo que sus estatutos societarios establecen reglas que atañen a inversores internacionales. Y se incumplieron, como detallé anteriormente, estas reglas societarias. ¿Qué implicó que el territorio fuese el de los Estados Unidos? Claramente, la amistad de Javier Milei con Donald Trump, basada en su afinidad y compatibilidad ideológicas, fue clave. Varios funcionarios, entre ellos Sebastián Amerio, Procurador del Tesoro, destacaron que el gobierno norteamericano, a través de su respaldo, “nos apoyó varias veces en el expediente”, resaltando que “se han presentado doce países, principalmente Estados Unidos, como amigos del tribunal”, bajo la figura de “amicus curiae”. Su estrecha e incondicional alianza con el país del Norte y, principalmente, con su presidente Donald Trump, a quien apoyó estando en campaña cuando aún gobernaba el demócrata Joe Biden, ha traído beneficios a la Argentina, aunque, cabe destacar, que el Poder Judicial mantiene su independencia bajo el sistema republicano en la administración de justicia. 

Con fuertes críticas a la gestión kirchnerista, el presidente Javier Milei resaltó que “tuvimos que venir a arreglar lo que hizo el inútil imbécil de Kicillof y la corrupta y presidiaria de Cristina Kirchner”, destacando a Horacio Marín, presidente de YPF, además del equipo de la Secretaría Legal y Técnica y a la Procuración del Tesoro, por su trabajo. No tardaron mucho en responderle a Milei los involucrados en dichas acusaciones. Cristina Kirchner despegó al presidente de su estridente éxito recalcando que “la posición de la Argentina siempre fue apoyada por Estados Unidos, tanto en su administración demócrata como republicana”, a la vez que destacando que “queda más que claro que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho”, merced a la cual nuestro país, según la exvicepresidenta, tiene “un superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética”. 

Tras sus palabras, su hijo Máximo preparó un proyecto para presentar en el Congreso para reafirmar que la expropiación realizada durante el gobierno de Cristina “fue la recuperación de la soberanía hidrocarburífera”. Entre sus fundamentos, aparece “la valiente y necesaria decisión tomada en el año 2012 por la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner”, resaltando que “la recuperación del 51% de las acciones de YPF no fue un capricho ideológico” debido a que “la gestión de Repsol había llevado al país a una crisis de reservas y a la pérdida del autoabastecimiento”. Para entender aún mejor la postura del kirchnerismo, atribuyéndose el éxito del último fallo tras una buena decisión, siempre según este espacio político, es posible acudir a las palabras de Máximo Kirchner, según el cual, “el único acto de soberanía que ha hecho este gobierno es haber sostenido nuestra postura inicial de que la expropiación con fines de utilidad pública fue conforme a derecho”.

¿Cuál fue el rol de Axel Kicillof? En el momento de la expropiación del 51% de las acciones de YPF a Repsol, el ministro de Economía era Hernán Lorenzino y el viceministro, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. Fue Kicillof quien, dejando en segundo plano a Lorenzino, impulsó un proyecto de ley que declaró la utilidad pública de las acciones y se encargó de defender la expropiación en el Congreso, justificándola, recuerdo, en la desinversión de Repsol en la producción, a la vez que en el vaciamiento de la empresa, de modo que el objetivo consistía en lograr la recuperación de los recursos energéticos para el Estado. ¿Cómo se resolvió el conflicto con Repsol? En 2014 se alcanzó un acuerdo extrajudicial por el cual la Argentina pagó US$ 5.000 millones en bonos soberanos, retirando de esta manera la empresa española todas sus demandas vinculadas con la expropiación. Así que, llegada esta instancia, el ahora gobernador, quien en su oportunidad había declarado que “no me arrepiento de la expropiación de YPF, estuvo bien hecho”, habiendo destacado que “fue una decisión muy valiente” y resaltado que “la ley de expropiación está por encima de cualquier estatuto privado”, recalcó que “el núcleo de la sentencia de la Cámara marca que ganaron los argumentos que habían sido presentados en 2012”.

La puja política por este fallo se da entre el oficialismo y la oposición, así como también entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Mientras aún salpican al gobierno las acusaciones y denuncias contra su jefe de gabinete, Manuel Adorni, y sobre el caso $Libra, causas llevadas adelante por la justicia, y este pretende asirse lo más fuertemente posible a un fallo favorable a la Argentina por el cual no tendremos que desembolsar US$ 16.000 millones, aparece el fantasma de acciones llevadas a cabo en el pasado por el gobierno kirchnerista, devenido en oposición en la actualidad, por medio de sus protagonistas. El presidente Milei, aferrado a este exitoso resultado que logró exhibir públicamente e intentar colocarlo como un hito a su favor, cargó contra ellos, exclamando, indignado y por cadena nacional, para que todos lo escucharan, que “hablo de Cristina Kirchner y del inefable Kicillof; es una afrenta que pretendan apropiarse de este resultado”. Incluso había calificado la expropiación como “una aventura suicida que nos podría haber costado todo”, en desmedro de los galardones que los kirchneristas pretenden colgarse a este respecto.

El gobierno de Milei tiene su mayor fortaleza en la mostración de resultados económicos, habida cuenta de que es por ellos por los que el electorado lo votó y le dio la derecha en las elecciones legislativas del año pasado. Por lo cual, mostrar como propio un logro por el cual, luego de un fallo adverso en primera instancia que obligaba al Estado argentino, vale decir, a los argentinos, a pagar US$ 18.000 millones, se pudo revertir, es un punto a favor en medio de una situación en la que se está poniendo en juego la credibilidad de su jefe de Gabinete, una de las figuras principales de su gobierno, y con él, su combate a “los privilegios de la casta”. A la vez que varios son los temas de la economía que preocupan a los ciudadanos convertidos en electorado en momentos de elecciones, tales como el nivel de los salarios y con ellos, el del poder adquisitivo, la falta de empleo y desocupación, además de la inflación, a Milei le preocupan los números vinculados con su imagen y la de su gobierno, siendo que los resultados exultantes de las elecciones legislativas pasadas los habían puesto en un buen trampolín para zambullirse en las presidenciales de 2027. 

Por María Belén Aramburu