Más trabajo y menos planes sociales, por María Belén Aramburu

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un encendido discurso, pidió que “la aplicación de las políticas sociales no siga tercerizada”. Cargó obviamente contra los movimientos sociales, algunos de cuyos dirigentes y representantes más visibles, forman parte del gobierno del presidente Alberto Fernández.

¿El ataque de Cristina fue hacia la existencia de planes sociales o hacia su administración y distribución? Lo segundo. En este camino, ¿busca denostar a alguna organización social y/o dirigente en particular? El Movimiento Evita de Emilio Pérsico aparece como el principal apuntado. Es muy cercano a Alberto Fernández, formando parte de su gabinete gubernamental, al igual que Fernando “Chino” Navarro. ¿La vicepresidenta hizo una denuncia respecto de cómo se distribuyen los planes sociales? Claramente sí cuando menciona la “tercerización”, y más también.

El presidente Fernández salió rápidamente a respaldar a las organizaciones sociales refiriéndose a una injusta generalización, la pobreza estructural que “volvió a crecer 6 o 7 puntos” cuando llegó al gobierno con Néstor Kirchner y “volvió a crecer después del gobierno de Macri”, agregando que “fuimos a sostener a los más vulnerables”. Lo más fuerte del discurso del primer mandatario fue cuando, en defensa de estas organizaciones, marcó que “no se llevaron la plata de los más vulnerables, sino que los acompañaron, los alimentaron y se asociaron al Estado”.

Desde un aumento de los planes sociales que facilitaron a las organizaciones su administración hasta la sospecha a raíz de varias denuncias que reclaman que parte de la asignación que no les llega, que quedan en bolsillos ajenos, de aquellos que debiesen otorgárselos, urge una solución diferente a la brindada en la actualidad.

Hay varios aspectos a considerar. Comienzo por el político para luego ir a fondo con el tema de los planes sociales. La interna del Frente de Todos aparece desbordada con demasiada frecuencia ante declaraciones que provienen de quien es parte del gobierno y pretende conservar su poder y acrecentarlo para el 2023. El poder propio y el de su frente. Cristina Fernández de Kirchner sabe lo que dice y cuándo lo dice. A sus declaraciones siempre se suman sus leales soldados que realizan aquellas que suenan en consonancia con las suyas. “El peronismo es laburo, trabajo”, enfatizó la vicepresidenta, para denostar al albertismo, dejar expuestos a los dirigentes sociales del entorno del presidente, y diferenciarse en términos políticos de la economía trazada por el gobierno de Alberto Fernández y a lo que ésta arrastre consigo.

Los planes sociales se sustentan en la pobreza y la falta de trabajo. A través de ellos se busca aliviar la situación de un sector vulnerable de la población. Aparecieron en nuestro país a mediados de la década de los ‘90 y principios de los 2000, buscando generar “un empleo transitorio para personas desocupadas”. En 1995 se creó por resolución del Ministerio de Trabajo el Programa Trabajar que sostenía “actividades en su comunidad” para lo cual aquellos que resultaban seleccionados debían ser “trabajadores desocupados que no se encontraran percibiendo prestaciones de seguro de desempleo” ni participando de “ningún programa de empleo” del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Con la recesión, el fin de la convertibilidad, la devaluación, la “crisis de 2001”, bajo la presidencia de Eduardo Duhalde, apareció el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados creado por decreto. Consistía en un beneficio de $150 para jefes y jefas de hogar desocupados con hijos menores de 18 años a cargo, o discapacitados de cualquier edad. Durante la presidencia de Néstor Kirchner hubo un desdoblamiento de este plan, uno para asegurar la capacitación y empleo y otro, el Plan Familias por la Inclusión Social, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social. El Plan Familias podría ser el antecedente que tuvo la Asignación Universal por Hijo (AUH), creado por ley en 2009, con el respaldo de todos los partidos políticos, durante el primer mandato de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Y así podríamos seguir enumerando crecimiento en cantidad y tipo de planes sociales que, con el tiempo, mostraron una variación acorde con menores o mayores posibilidades de empleo.

Si bien existe una correlación, al menos política, entre cantidad de planes sociales y los gobiernos llamados “populistas”, cabe aclarar que durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri aumentaron aquellos otorgados por el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Carolina Stanley quien, pese a las diferencias ideológicas, supo mantener un trato cercano y cordial con los dirigentes sociales. Más allá de paliar una situación económica que es la que justifica la existencia de planes sociales, el gobierno macrista se aseguró de evitar las movilizaciones populares que se podían gestar en pos de los reclamos sociales enarbolados por sus dirigentes. Pero en ese periodo los planes sociales se triplicaron, y desde esa cifra, de más de 641.000, casi se duplicaron hasta llegar a la de 1.300.000 que mencionó la vicepresidenta.

Convengamos que los planes sociales son transitorios, salvo algunos programas que por su calificación de universales, como la AUH, podrían permanecer en el tiempo, bajo una periódica evaluación. La transitoriedad de un plan social es tal, que debiese derivar en un empleo, no en un plan a perpetuarse, porque esto iría, hasta en contra de su propia definición. Están asociados con la marginalidad y la pobreza, con el desempleo y hasta con una “economía paralela” como la califican algunos dirigentes sociales y políticos. Su existencia remite a la precariedad, ya que la formalidad en el trabajo es lo que asegura poder contar con una obra social que permita la asistencia sanitaria correspondiente, la jubilación a futuro, una ART, vacaciones y todo lo referente a la estabilidad laboral. El trabajo en negro, con un índice que se estima en alrededor del 40%, sin cálculo preciso obviamente, y los planes sociales, demuestran la mposibilidad de brindarle a la población económicamente activa, la garantía de un empleo que la dignifique.

De hecho, la vicepresidenta proporcionó cifras sobre desocupación, “7%”, frente a “1.300.000 planes”. “Hay algo que va a haber que revisar porque con esa desocupación deberíamos tener menos”. Poniendo bajo la lupa el cómo más allá del qué, Cristina Fernández de Kirchner, profundizando sus diferencias en el seno del Frente de Todos, aclaró sobre el trabajo que “no es depender de un dirigente barrial para que me de el alta y la baja”. Aquí aparece el cuestionamiento a la distribución de los planes. ¿Quiénes los distribuyen? La “tercerización” a la que aludió tiñe de sospecha a los dirigentes de las organizaciones sociales. El clientelismo fue denunciado y debiese ser revisado. De hecho el Ministro Juan Zabaleta, tiene en su poder varias denuncias. Sobre ellas, al menos, se debiese prolijamente avanzar.

¿Debiesen ser los dirigentes de las organizaciones sociales los que distribuyan los planes sociales? De ser así, ¿cómo se fiscalizaría a los punteros y los encargados de la distribución? Tarea imposible. ¿Todos los dirigentes de las organizaciones sociales actúan en beneficio propio? No, no son todos iguales. A muchos de ellos les interesa que las asignaciones lleguen en tiempo y en forma a quienes les corresponde y, de este modo, evitar la propagación de la indigencia a niveles insostenibles. Pero, habiendo corrupción en el otorgamiento de los planes sociales, ¿debiesen ser una asignación directa? Algunos lo son, como los programas de ayuda, pero seguramente, una base de datos genuina, sobre la situación socio-económica de la población, permitiría transparencia y legitimidad en cuanto a la llegada de los beneficios, sin la necesidad de contar con intermediarios pero con la colaboración de los que, siendo honestos, podrían colaborar en la elaboración de un registro aportando datos fidedignos del sector más vulnerable de la población.

Los enunciados de la vicepresidenta agudizan y dejan más expuesta la interna del Frente de Todos. De eso no hay duda. ¿Cómo se podría resolver un tema tan serio como lo es el trabajo de la gente si hasta el Ministro de Economía es cuestionado por el kirchnerismo? Más allá de las profundas diferencias, que una vez más quedaron evidenciadas, el impulso de un proyecto que estipule un Salario Básico Universal, que refiere a un salario social complementario para “la ciudadanía vinculada a la economía popular”, según dichos de boca de Andrés “Cuervo” Larroque, pareciera acercarlos. Claro que no a todos. El presidente y su equipo económico rechazan esta propuesta por la evaluación realizada sobre sus consecuencias en el ámbito fiscal, una paradoja ante sus aliados, los dirigentes de las organizaciones sociales.

Lo cierto es que a medida que pasa el tiempo hay más planes sociales y, por ese motivo y otros vinculados con la carencia y crisis económica, mayor gasto social. La solución es la generación genuina de empleo. Y ahí vienen las alternativas que la dirigencia política responsable del trazado y ejecución de la política económica, debe delinear e implementar. Esto, desde ya, conlleva a soluciones de fondo a través de un análisis profundo. Y va muchísimo más allá de las diferencias políticas dentro de un frente político. Incluso de la contienda entre el gobierno de turno y la oposición.

María Belén Aramburu