¿Qué planea hacer el gobierno con los pliegos de Lijo y García Mansilla?
La Corte Suprema de Justicia continúa sesionando con tres miembros: Horacio Rosatti, en ejercicio de la presidencia, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, luego de las vacantes que dejaron Elena Highton de Nolasco en 2021, cargo que había ocupado desde 2004, sobrepasando la edad límite que se establece para renunciar al mismo, y la de Juan Carlos Maqueda, quien, al haber cumplido los 75 años, y luego de permanecer como juez de la Corte desde 2002, el 27 de diciembre del año pasado se fue, dejando este espacio, también vacío.
Al máximo tribunal de justicia le faltan otros dos miembros para completar el número de cinco que está previsto por ley en cuanto a su integración, para lo cual el Poder Ejecutivo había propuesto dos: Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Están por finalizar las sesiones extraordinarias para dar comienzo a las ordinarias a partir del 1ro de marzo, como todos los años, y este tema todavía no está resuelto, lo cual suma otro dolor de cabeza para el gobierno de Javier Milei.
La idea de La Libertad Avanza era negociar para conseguir los apoyos necesarios para convocar a una sesión que, de haber prosperado, podría haber finalizado la semana con la nominación de Ariel Lijo para ocupar el puesto de uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia que se encuentran vacantes. Difícil negociar en estos momentos con la oposición, luego del llamado criptogate. El presidente se encuentra en los Estados Unidos y busca apoyo en ese país, especialmente de Donald Trump y de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, de los cuales espera un guiño que lo alivie en medio de la tormenta. Por su parte, Victoria Villarruel, en ausencia de Javier Milei, no está desempeñando su rol habitual de titular del Senado, permaneciendo al margen de cualquier instancia que se suscite en el devenir de esta cuestión y otras en la Cámara Alta.
El gobierno pensó en nombrarlos por decreto en comisión. Lo que sucede es que contó con el peronismo ni con los dialoguistas, y sin quórum menos podría llegar a pensarse en un acompañamiento inexistente por ahora de los dos tercios de los votos requeridos para seguir adelante con la designación, pese a haber obtenido un dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos del Senado. La Unión por la Patria, dividida tal como el resto de los partidos que no escapan a las diferencias y quiebres dentro de sus respectivos espacios, pretenden alguna suerte de negociación frente a los reiterados planteos de la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, para integrar una mujer en la Corte. Y, si pudieran ir por más, hasta presentarían un proyecto para ampliar el número de integrantes de la Corte.
La reaparición de Cristina surgió con más fuerza aprovechando la situación crítica en la que se vio sumergido el presidente Milei luego de haber “difundido”, utilizando su propio término, la criptomoneda Libra, que lo tiene en jaque en los fueros judiciales argentino y norteamericano, mediante sendas denuncias, además de una investigación en curso que, por un lado propició el propio gobierno a través de la Oficina Anticorrupción y, por el otro, propenden impulsar dentro del Congreso opositores y algunos aliados incluso, por medio de la integración de comisiones, escalando a un juicio político si le fuera posible al kirchnerismo, pasando por la posibilidad de la interpelación a varios integrantes del gabinete, comenzando por el Jefe de Ministros, Guillermo Francos. Parte del PRO, del radicalismo, del peronismo federal y Coalición Cívica bregan porque quede esclarecido este asunto. Y como todo tiene que ver con todo, las repercusiones se sienten en el Congreso mientras el Ejecutivo intenta prosperen los proyectos impulsados con anterioridad a que se desatara el conflicto a raíz de la publicación relacionada con la criptomoneda Libra en la cuenta de Milei.
¿Qué puede pasar si el Ejecutivo se inclina por la designación de Lijo y por decreto? Porque por el momento se están buscando otros nombres de no poder avanzar con los propuestos. Ya recibieron la advertencia del Jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, de que no aprobarían ni a Lijo ni a García Mansilla, de pretender el gobierno designarlos bajo esta modalidad. De ser así, el cargo es por un lapso con expiración en el tiempo próximo, 2026, por lo que, en estas condiciones, Ariel Lijo no estaría dispuesto a renunciar a su cargo de juez federal para integrar la Corte Suprema, pese a ser ésta su meta.
Recordemos lo que sucedió en 2015 cuando el entonces presidente Mauricio Macri nombró por decreto en comisión a dos ministros de la Corte Suprema de Justicia: Carlos Rosenkratz y Horacio Rosatti, ninguno de ellos asumió su cargo sin obtener antes el acuerdo del Senado, tal como lo establece la Constitución Nacional. Cuando Macri asumió la presidencia, la Corte tenía una vacante por la renuncia de Raúl Zaffaroni en diciembre de 2014, y la de Carlos Fayt del 11 de diciembre. Es la historia que hoy se repite: el máximo tribunal de justicia funcionando con tres integrantes, que, en ese entonces eran: Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco.
La Constitución faculta el nombramiento por decreto pero la función de ese ministro de la Corte caduca “al fin de la próxima legislatura”. Cabe decir que puede acarrear serios inconvenientes. En los casos de Rosatti y Rosenkratz se judicializó el tema, por lo que, por una medida cautelar, no se les pudo tomar juramento, ya que quedaron suspendidos los efectos del decreto del Ejecutivo. Se recurrió al procedimiento de audiencias logrando el acuerdo necesario que constitucionalmente se encuentra establecido en los dos tercios del Senado. Si se repitiera la misma secuencia de esta historia conocida, y no habiendo podido lograr tener quórum ni contar, si lo hubiese habido, con los votos de los dos tercios de la Cámara Alta, ¿prosperaría el pliego de Ariel Lijo? Y, ¿qué sucedería con el de Manuel García Mansilla?
Cabe preguntarse si el gobierno, como están planteadas las cosas, estaría dispuesto a negociar nombres, además de votos en el Congreso para aprobar los pliegos de los dos ministros de la Corte Suprema vacantes. ¿Estaría dispuesto antes a ceder los nombres de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla? Todos los escenarios plantean pros y contras. Es un año electoral, todo está en juego para absolutamente todos los partidos políticos, y nada es gratis. Sobre todo en medio de las repercusiones que la criptomoneda Libra desató en los últimos días.
Por María Belén Aramburu