17.4ºc Levantan el secreto bancario y fiscal de Manuel Adorni en una causa por presunto enriquecimiento ilícito
La medida fue dispuesta por el juez Ariel Lijo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita e incluye a su esposa y a una empresa vinculada a ambos.
La investigación judicial sobre Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo luego de que se ordenara levantar el secreto bancario y fiscal que protegía su información financiera. La decisión también alcanza a su esposa, Bettina Angeletti, y a la firma que ambos integran, en el marco de una causa que busca determinar la existencia de un posible incremento patrimonial no justificado.
La resolución habilita a la Justicia a acceder a datos sensibles vinculados a cuentas, movimientos y declaraciones impositivas. El objetivo es reconstruir el circuito del dinero y detectar eventuales inconsistencias entre los ingresos declarados y el patrimonio real de los involucrados.
El magistrado hizo lugar a un planteo del fiscal, quien solicitó profundizar el análisis sobre la evolución económica del funcionario desde antes de su ingreso a la función pública. Para ello, se dispuso un relevamiento exhaustivo de operaciones financieras, incluyendo transferencias, depósitos, inversiones y otros instrumentos.
Además, la medida se extiende a un grupo de personas identificadas en la causa como posibles prestamistas o acreedoras. En esos casos también se levantó el secreto fiscal, con el fin de examinar su vínculo económico con el funcionario y determinar el origen de los fondos involucrados.
La investigación contempla también el acceso a información protegida por normativas vinculadas a la prevención del lavado de activos. Esto permitirá a los investigadores rastrear movimientos sospechosos, identificar posibles maniobras irregulares y contrastar las explicaciones brindadas por los implicados.
En paralelo, la fiscalía avanzará con pedidos a organismos como el Banco Central para obtener un detalle completo de cuentas bancarias, créditos, tarjetas, billeteras virtuales y demás registros financieros. Con estos datos, se buscará establecer si existieron operaciones incompatibles con los ingresos declarados y así determinar si hubo delitos económicos.
