¿Qué hará Milei con un tema tan sensible como lo es la universidad pública?

La pregunta sobre qué hará el presidente Javier Milei con el tema de la universidad pública tiene varias aristas. La administrativa es su paso por el Congreso, luego del veto presidencial, facultad que le es propia, de acuerdo con la Constitución, del titular del Poder Ejecutivo. Y, si bien esto es así, sería también pecar de ingenuo que no se puede echar mano de forma constante y permanente a su utilización, pese a su legalidad. Es el segundo veto desde que asumió, ya que anteriormente había rechazado la reforma de la fórmula de actualización de las jubilaciones. Tiene antecesores reincidentes en este tema. Carlos Menem fue el que más leyes vetó desde el regreso a la democracia. Pero fue el que más tiempo estuvo gobernando: más de 10 años. Pero el que más leyes vetó en relación con su permanencia en el cargo, de enero de 2002 a mayo de 2003, fue Eduardo Duhalde.

En otra editorial de @Haceinstantes brindé detalles de qué es lo que sucede después del veto presidencial. Repasemos en líneas generales lo que nuevamente vamos a ver transcurrir en sede parlamentaria. El veto puede ser total o parcial, y el presidente Milei ha optado, en los dos casos mencionados, por el rechazo total a las leyes aprobadas por el Poder alegando. Tiene hasta 10 días hábiles después de su sanción, plazo que cumplió porque ya ejerció su derecho al veto. Regresando la ley a la Cámara en la que se inició el debate, en este caso así como fue en el anterior, en la de Diputados, de aprobarse con los dos tercios de los votos nominales, por sí o por no, pasa al Senado donde, si obtiene la mayoría, el Poder Ejecutivo debe promulgar dicha ley. Pero, si los integrantes de ambas Cámaras no lo logran, el proyecto no podrá debatirse en el transcurso de las sesiones de este año.

De modo genérico, allá de la facultad constitucional del veto con la que cuenta el presidente, su puesta en funcionamiento implica un choque entre dos poderes del Estado, ya que fue el Legislativo el que, tras el paso del proyecto de ley por las dos Cámaras del Congreso, logró su aprobación, ya sea en un tratamiento general como en uno particular, artículo por artículo, cuando éste lo amerita. Por lo que, con su veto el Ejecutivo estaría desaprobando e incluso poniendo a prueba nuevamente al Legislativo que debería expedirse sobre la decisión del presidente. En este tema en particular, o en cualquier otro que se abarque y suceda lo mismo.

Pero el tema de las universidades públicas y su financiamiento es sensible para la sociedad argentina en su conjunto, por lo que ha significado a lo largo de la historia de nuestro país para lograr el ascenso en la movilidad social de tantos egresados que, de no haber tenido la posibilidad de haber estudiado en sus claustros, no hubiese podido hacerlo. Muchos de ellos de procedencia de familias en las que se constituyeron como los primeros estudiantes universitarios y profesionales. Y para la gran mayoría de la comunidad, por lo que implica en cuanto a su valor en términos absolutos y relativos comparados con universidades de otras partes del mundo. Tal es así que, además de por su gratuidad, son elegidas por estudiantes extranjeros para el logro de sus sueños. La Marcha Federal Universitaria demostró que el tema importaba, y mucho, que era un tema muy sensible, más allá de que siempre se inmiscuye la política. Pero los testimonios de los que daban fe de sus posibilidades de estudio y de progreso gracias a sus profesiones, daban cuenta de esto. Además la UBA quedó, según el ranking QS de universidades de América Latina y el Caribe, elaborado por Quacquarelli Symonds, entre las diez mejores universidades de la región.

Los temas económicos atraviesan los andariveles del financiamiento universitario para lo cual se sancionó la ley, aduciendo falta de fondos, los salarios de docentes y empleados de las universidades públicas, la gratuidad para los estudiantes extranjeros, cuestión que se está resolviendo en pos de un arancelamiento, y la contrapartida expuesta por el gobierno sobre el equilibrio fiscal y el déficit cero entrelazados con los recursos que debiesen absorber dichos costos. Basada en la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el año en curso, se propone actualizar las partidas del presupuesto 2023, prorrogado por el presidente Milei, según la inflación acumulada de ese año, y aplicar la evolución del Índice de Precios al Consumidor, descontando los aumentos que ya se dieron en 2024. De esto se desprende, de acuerdo a lo que consigna la Oficina de Presupuesto del Congreso, un costo fiscal de 0,14% del PBI, que equivale a $738.595 millones. Se modifica a su vez el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, estableciendo nuevos criterios en lo concerniente a la distribución del presupuesto entre las universidades. Con respecto a los salarios docentes y no docentes, deberán ser actualizados mensualmente de acuerdo con la inflación del INDEC.

Lo que propone el gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano que comanda Sandra Pettovello, es mantener la oferta de 6,8% que se le había hecho a los gremios antes de la Marcha Federal Universitaria, cuyo volumen multitudinario no implicó un cambio de idea respecto del veto presidencial concretado a posteriori. Como aún está en discusión el proyecto de presupuesto para el 2025, se podría aumentar la partida para sueldos en el rubro correspondiente, indicando de dónde sebvan a obtener los fondos para solventarla. Al momento de escribir esta editorial no ha concluido la reunión prevista con los gremios, pero, en línea con lo que desde la Secretaría de Educación se ha dado a conocer, como que no se van a dejar “extorsionar”, no habría modificaciones al respecto, al menos, no muy diferentes a lo acordado.

Otra arista importante, que además es tenida en cuenta por la misma comunidad que apoya el sano funcionamiento de las instituciones universitarias, es la transparencia, para lo cual se exigen auditorías que demuestren ingresos y asignación de fondos, teniendo en cuenta que se trata de erogaciones de las arcas públicas. En este sentido, el subsecretario de Asuntos Universitarios, Alejandro Álvarez, confirmó que se está analizando la anulación de la resolución de quien fue Procurador General de la Nación, Carlos Zannini, que impide que sea la Sindicatura General de la Nación la que audite los gastos de estas universidades, porque son autónomas y no autárquicas desde el punto de vista financiero, y que de esta tarea se encargue la SIGEN haciendo uso del artículo 59 de la Ley de Educación Superior. Incluso no se descarta llevar el tema a la justicia, por lo que, de ser así, tendría intervención otro poder del Estado, el Judicial, además del rol que ya tienen el Ejecutivo y el Legislativo, en franco conflicto.

La sociedad argentina, tan emparentada tanto por su situación personal como comunitaria, con la universidad pública, pretende que tenga solvencia financiera a la vez que los docentes tengan salarios dignos, acordes con sus necesidades y la economía de coyuntura del país. Pero también considera que los fondos que recibe deben ser auditados y controlados, de modo que no contribuyan a crear “cajas” destinadas a la política y, que de encontrarse todo en regla, no habría inconveniente en mostrar públicamente los fondos que, a través del pago de los impuestos de la ciudadanía, se destinan a la educación en las universidades públicas.

De lo expuesto ahora nos detenemos a la consideración del paso que el veto del presidente tendrá en el Congreso, comenzando con su ingreso por la Cámara de origen, la de Diputados. El partido aliado por excelencia, pero no de manera incondicional, como he explicado en varias oportunidades en editoriales anteriores de @Haceinstantes, el PRO, con sus dos vertientes, el ala mayoritaria que sigue al ex presidente Mauricio Macri y la de Patricia Bullrich, incondicional al gobierno del que forma parte como ministra, apoyará el veto de Milei el miércoles de esta semana. Esta votación, según se explica desde el propio partido, va en línea con la que se mantuvo en la Cámara Baja cuando rechazó el proyecto de ley de Financiamiento, mostrando coherencia y no un apoyo incondicional.

El ex presidente Mauricio Macri, conocedor del termómetro social, y férreo defensor de la identidad de su partido, evitando que sea fagocitado por la Libertad Avanza, y en vistas a lo que, todos los espacios políticos se plantean hoy y siempre, podría ocupar el de gobernante en las próximas elecciones, hizo saber que defiende a la universidad pública como una bandera que el PRO ha levantado desde su fundación. Por lo que, con críticas al gobierno de Milei, y habiendo marcado sus diferencias con éste, se coloca nuevamente en el plan de aliado que, obviamente, tendrá consecuencias a futuro que veremos más adelante.

Unión por la Patria se encolumnó tanto en el Congreso como literalmente a través de varias presencias estelares en la Marcha Federal Universitaria, por medio de la ex presidenta y vicepresidenta Cristina Kirchner desde el balcón del Instituto Patria, y del ex candidato presidencial Sergio Massa, entre otros, quienes pudieron capitalizar el reclamo popular y aunar adhesiones para lo que se reflejará en el seno del Congreso. Y pese a que Massa no pudo aprovechar la oportunidad para presentar y promocionar su libro, luego de las acusaciones contra Alberto Fernández, fue Cristina quien confirmó su candidatura para presidir el Partido Justicialista, hoy acéfalo luego de la renuncia de Fernández, mientras espera una resolución judicial por la causa Vialidad.

Mientras la Unión Cívica Radical, con resultados provisorios del escrutinio en el distrito bonaerense, adversos a su titular, Martín Lousteau, el partido seguirá dando batalla en el Poder Legislativo en consecuencia con su votación a favor de la Ley de Financiamiento Universitario. Habrá que ver el comportamiento individual de los radicales que han venido siguiendo los pasos de las votaciones del PRO, como integrantes del frente Juntos por el Cambio. La Coalición Cívica se pronunciará en contra del veto. Y la izquierda hará lo propio de acuerdo a su mandato de ideología de origen, en defensa de la universidad pública, y en contra del programa de un gobierno liberal libertario como el presente. Al gobierno no le será fácil mantener el veto, pero hoy cree que finalmente lo logrará.

En definitiva, la universidad pública debe seguir en pie, con todas las herramientas indispensables para su buen y sano funcionamiento, incluyendo la auditoría de la distribución y el uso de los fondos del erario público.

Por María Belén Aramburu