Editorial HI
09/02/2021

¿Hacia una socialización de la vacuna?, por María Belén Aramburu

El derecho al acceso a la vacunación en el contexto de una pandemia requiere de la solidaridad.

¿Hacia una socialización de la vacuna?, por María Belén Aramburu
Autor: María Belén Aramburu
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n una editorial de @Haceinstantes de hace un tiempo hice referencia al criterio de solidaridad en lo que respecta a la vacuna para combatir el COVID19.
 
El derecho al acceso a la vacunación en el contexto de una pandemia requiere de la solidaridad.
 
Los laboratorios con mayores recursos son los que las producen y pueden distribuirlas a su población más rápidamente. Con sendos acuerdos con países como el nuestro, el testeo se ha hecho posible gracias al voluntariado en el caso de la Pfizer, prueba a la que se sometieron 6.000 personas habiendo sido inoculadas o bien recibido un placebo. En el caso de la vacuna AstraZeneca nos ocupamos mediante un acuerdo con el laboratorio, de la primera parte de producción a ser completada en México. En ambos casos nuestro país tiene prioridad para acceder a la vacuna, en el primer caso por testearse y en el segundo por producirla. De las dos, todavía ninguna llegó. En el caso de la Pfizer no se llegó a un acuerdo con el laboratorio. Y en el de la AstraZeneca aún no llegaron las dosis que se esperan para marzo. De todos modos, las del laboratorio británico no van a alcanzar para vacunar a la parte de la población vulnerable a la que le correspondería hacerlo en primer término.
 
La que llegó primera es la rusa, la Sputnik V, que no se tenía prevista más allá de saberse sobre su producción, pero no alcanzan ni alcanzarán las dosis en el corto plazo.
 
Ni sumando la compra de una de las vacunas chinas, la Sinopharm, alcanzan.
 
No alcanzan las vacunas ni acá ni en muchas partes del mundo, aún en los países con sus laboratorios produciendo localmente, por lo que establecer las prioridades de vacunación resulta de extrema delicadeza a la hora de tomar decisiones. El personal de salud, el de seguridad, mayores de 80 años, mayores de 70 años, luego los de más de 60, los docentes, debiesen ser los primeros en ser vacunados. A ellos hay que sumar a las personas de riesgo por sus comorbilidades. La contemplación de las enfermedades previas que ponen en riesgo la salud y la vida de las personas afectadas los coloca en un primer plano.
 
En breve los docentes asistirán a clases presenciales dando cumplimiento a protocolos establecidos que serán pulidos esta semana mediante los titulares de las carteras de Salud y Educación correspondientes a cada distrito en cuestión y avalados mediante asambleas de los sindicatos del área, evitando ponerlos en riesgo pero a su vez debiesen buscar la obtención de vacunas que en la mayor inmediatez les proporcione inmunidad. Este tema será uno de los que la nutrida agenda a tratar establecerá como prioridad por estos días.
 
A nivel global se dan varios planteos. Uno de ellos concerniente al otorgamiento de la vacuna a la población vulnerable anteriormente señalada en los países desarrollados, que, por el acceso a la inoculación por la cantidad de dosis que produce y tiene a disposición, excede a quien de manera más urgente la necesita para brindársela al resto de la población. Ante la escasez de vacunas en el mundo, la pregunta pasa por la cuestión de las prioridades y su distribución. ¿Está bien que los países desarrollados puedan vacunar a sectores de la población tanto vulnerables como los que no lo son mientras que los menos desarrollados y pobres no pueden siquiera darles alguna de las vacunas del mercado a los que la necesitan ahora sí o sí, algunos con condiciones en sus sistemas de salud que ni siquiera pueden brindar atención a las necesidades más urgentes y  básicas?
 
El tema anteriormente señalado se emparenta con otro que también es muy delicado: las licencias y el patentamiento.
  
En un mundo en el que la concentración de licencias y patentes se da obviamente en los países más ricos y con mejores sistemas  sanitarios, se busca que éstas sean compartidas en el mundo entero.
 
De acuerdo con las últimas estadísticas obtenidas, las tres cuartas partes de la vacunación se ha dado solamente en 10 países. La buena noticia que difundió la Organización de las Naciones Unidas, preocupada por la escasez de vacunas, es que 120 millones de personas en el mundo han sido vacunadas. Aunque ya sabemos dónde y a quiénes desde ya.
 
El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, señaló que “todos los gobiernos tienen la obligación de defender a su propia gente, pero una vez que los países han vacunado a sus propios trabajadores de la salud y a las personas mayores, la mejor manera de proteger al resto de su población es compartir las vacunas para que otros países puedan hacer lo mismo.” Además de la consigna sanitaria y solidaria, se apunta a que “cuanto más tiempo se tarda en vacunar a las personas con mayor riesgo en todas partes, más oportunidades le damos al virus de mutar y evadir las vacunas.”
 
Como se necesita aumentar la producción para abastecer al mercado mundial en medio de una pandemia que continúa y hasta se volvió más expansiva y virulenta en varios países y, habiendo recibido financiación pública para la elaboración de las vacunas, se insta a los laboratorios a compartir sus datos y tecnología “para garantizar un acceso global equitativo”.
 
Como en otra oportunidad se pactó para el acceso a los tratamientos contra la hepatitis C y el HIV, la promulgación de licencias no exclusivas permitirían a otros productores fabricar mayor cantidad de vacunas a nivel global.
 
Y en este sentido la propiedad intelectual, la propiedad en términos privados también se cuestiona al compás de la pandemia y las licencias exclusivas de algunos laboratorios. A esto se suma la carrera que continúa por la obtención de una vacuna que, en el mejor de los casos, sea superadora en su eficacia, de las ya desarrolladas y vigentes en el mercado. ¿Deberían compartir las empresas el contenido de los acuerdos establecidos y, en este aspecto, sus secretos de fórmulas de producción de vacunas contra el COVID19? ¿Estarían obligadas a hacerlo hoy frente a esta pandemia? ¿Debiesen revelar los costos y los datos de sus ensayos clínicos? De lo contrario, ¿son estas industrias farmacéuticas las que tendrán el poder de decidir quiénes tienen acceso a las vacunas, a qué precio y cuándo?
 
¿La vacuna contra el COVID19 debería ser un bien público mundial? ¿Lo va a ser? Esto debiese ser una prioridad en la agenda política de los Estados cuando los contribuyentes, a través del financiamiento público del desarrollo de las vacunas, han entregado parte de sus ingresos a los erarios públicos considerando a la pandemia vigente.

 

Por María Belén Aramburu

 

 

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