Reforma Laboral: La Justicia falló a favor de la CGT y suspendió más de 80 artículos
El Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 a cargo de Raúl Ojeda resolvió hacer lugar a la medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y suspender la aplicación de más de 80 artículos de la Ley de reforma laboral 27.802, al considerar que existen indicios suficientes de inconstitucionalidad y peligro en la demora mientras se tramita la causa principal.
El fallo, dictado en el marco de una acción colectiva contra el Estado Nacional, no resuelve aún el fondo de la cuestión, pero sí establece un freno inmediato a la aplicación de numerosos artículos de la Ley 27.802 hasta que se dicte una sentencia definitiva.
La central obrera había planteado que la reforma implica una regresión en derechos laborales, afecta la libertad sindical y vulnera principios constitucionales y tratados internacionales incorporados a la Constitución. Entre los puntos cuestionados se encuentran cambios en el régimen de indemnizaciones, la ampliación de facultades del empleador, la flexibilización de condiciones laborales y nuevas restricciones a la actividad sindical.
Los artículos suspendidos de la ley son el 1, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 44, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 56, 57 de la Ley 27.802.
El juez consideró que la CGT tiene legitimación para representar al conjunto de los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y sostuvo que existe una “verosimilitud del derecho calificada”, es decir, fundamentos suficientes para presumir que podrían haberse vulnerado garantías constitucionales, en particular el principio de protección del trabajo consagrado en el artículo 14 bis.
Uno de los argumentos centrales del fallo es el “peligro en la demora”. Según el magistrado, permitir la aplicación inmediata de la reforma podría generar efectos jurídicos y materiales de difícil o imposible reversión, en un universo que involucra a millones de trabajadores y contratos laborales en todo el país. En ese sentido, advirtió sobre el riesgo de que se consoliden situaciones que luego no puedan repararse, incluso si la ley fuera declarada inconstitucional.