El Gobierno propone eliminar el precio único del libro y crece la preocupación editorial

El Gobierno nacional incluyó la derogación de la Ley 25.542 dentro de un amplio proyecto de desregulación elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger. La iniciativa, que ya fue enviada a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia y será remitida al Congreso, plantea eliminar el sistema de precio único de venta al público de los libros.

Desde la cartera que conduce Sturzenegger sostienen que la reforma tiene como finalidad "eliminar restricciones, fomentar la libre competencia y reducir la intervención estatal en distintos mercados". En ese sentido, remarcan que la posibilidad de ofrecer descuentos y promociones permitirá que las librerías compitan entre sí y que los lectores accedan a mejores precios.

El Gobierno también defiende la propuesta con ejemplos internacionales. Según explicaron fuentes oficiales, "el proyecto tiene por objetivo que los libros sean más accesibles para los lectores. Para lograrlo, elimina una restricción que hoy impide que las librerías compitan en precios mediante descuentos, promociones u otras estrategias comerciales. Cuando hay más competencia, los consumidores tienen más opciones y mejores precios. La experiencia internacional respalda ese enfoque".

Además, desde el Ministerio señalaron que "en el Reino Unido, tras eliminar el sistema de precio único en 1995, no solo no desaparecieron las librerías ni la producción editorial, sino que aumentó la cantidad de títulos publicados. No existe evidencia en el mundo de que el precio fijo sea necesario para preservar la bibliodiversidad".

La iniciativa generó un fuerte rechazo entre las principales entidades del sector. La Cámara Argentina del Libro y la Fundación El Libro difundieron comunicados en los que alertan que la derogación de la norma podría favorecer la concentración del mercado y poner en riesgo la continuidad de librerías independientes, editoriales pequeñas y medianas, además de afectar a autores y distribuidores.

En ese marco, la Fundación El Libro afirmó que "esta normativa no constituye un simple mecanismo comercial: es la columna vertebral que garantiza la diversidad bibliográfica, condiciones equitativas de competencia y la supervivencia de las librerías independientes en cada rincón de nuestro territorio". La entidad también recordó que la ley fue respaldada durante más de dos décadas por todo el ecosistema del libro.

La organización añadió que "las librerías son patrimonio cultural de nuestro país" y destacó que estos espacios cumplen una función que trasciende la venta de ejemplares, al convertirse en ámbitos de encuentro, difusión cultural y promoción de la lectura. Asimismo, advirtió que una desregulación total podría derivar en el cierre de numerosos comercios dedicados al libro.

Más allá de las posiciones enfrentadas, el debate también pone sobre la mesa la necesidad de actualizar una legislación sancionada hace más de veinte años, en un contexto marcado por el crecimiento de las plataformas de venta online, los libros digitales y el mercado de ejemplares usados. Será el Congreso el encargado de discutir el alcance de la propuesta y su impacto sobre el futuro del mercado editorial argentino.