Lázaro Báez enfrenta una nueva acusación por lavado de $400 millones y vínculos narco

Lázaro Báez quedó involucrado en una nueva investigación judicial que lo vincula con una presunta organización dedicada al lavado de dinero y al narcotráfico en la Patagonia. El expediente, que tramita en Río Gallegos, analiza un circuito de movimientos financieros cercano a los $400 millones y el supuesto aprovechamiento de propiedades y empresas que se encuentran bajo control de la Justicia.

La acusación alcanza también a Claudia Insaurralde, pareja del empresario, y Sebastián Ibáñez, señalado como su presunto testaferro, además de otros involucrados. Según la investigación, Báez habría continuado impartiendo instrucciones comerciales desde el penal de Ezeiza, donde cumple una condena unificada de 15 años.

La causa está a cargo del fiscal federal Julio Zárate, con intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). La hipótesis fiscal sostiene que los acusados habrían conformado una asociación ilícita para mantener en funcionamiento negocios y propiedades alcanzados por embargos y órdenes de decomiso, y disponer de sus ganancias al margen de las restricciones judiciales.

Entre las pruebas incorporadas aparecen dos cuadernos secuestrados durante los procedimientos. Uno fue encontrado en la celda de Báez y contenía anotaciones sobre recaudaciones, propiedades y operaciones comerciales. El otro pertenecía a Insaurralde y registraba fechas de cobros, personas que entregaban dinero y pagos pendientes.

La investigación también identificó movimientos bancarios por aproximadamente $390.880.000. Entre diciembre de 2025 y agosto de 2026 se contabilizaron 677 transacciones en cuentas relacionadas con Ibáñez y Jorge Ulloa. De ese total, 662 operaciones fueron acreditadas por $380.620.089.

Uno de los aspectos más sensibles del expediente es la posible conexión con una estructura de narcotráfico. Las sospechas surgieron a partir de escuchas telefónicas realizadas en otra investigación por comercialización de estupefacientes. En esas comunicaciones, los involucrados se referían a Báez como el "tío" y a su pareja como la "tía".

En uno de los diálogos interceptados, Ibáñez hizo referencia al secuestro de 60 kilos de cocaína en Comodoro Rivadavia, Chubut. "Qué cagada, cayeron los kilos", expresó durante una conversación. Para los investigadores, el comentario podría indicar que tenía conocimiento del cargamento y de su circulación.

Además, la fiscalía sospecha que camiones, maquinaria y propiedades pertenecientes a empresas vinculadas a Báez habrían sido utilizados como apoyo logístico para la distribución y comercialización de drogas. Entre los bienes mencionados figuran estancias agropecuarias, inmuebles en Río Gallegos y El Calafate, y sociedades como Austral Agro y Kank y Costilla.

Otro elemento relevante es una comunicación telefónica desde la cárcel en la que Báez reclamó la actualización del alquiler de una propiedad. Durante el diálogo, manifestó: "El único dueño acá soy yo, ni mi familia, ni abogados, ni nadie. Acá la única parte soy yo, no hay dos partes". Según la acusación, el empresario habría continuado interviniendo en la administración de bienes que estaban sujetos a medidas judiciales.

El expediente también describe presuntas maniobras para dificultar el seguimiento del dinero, entre ellas transferencias consecutivas, utilización de cuentas de terceros y movimientos entre cuentas propias. La fiscalía sostiene que parte de los fondos habría terminado en gastos vinculados al entorno de Báez y en actividades comerciales.

La nueva causa abre otro frente judicial para el empresario, que ya recibió condenas en los expedientes Ruta del Dinero K y Vialidad. Ahora, los investigadores buscan determinar el alcance de las presuntas operaciones de lavado, el uso de los bienes decomisados y las responsabilidades de cada uno de los acusados en los posibles vínculos con el narcotráfico.