Entrenamientos privados y bienes sin declarar: condenaron a cuatro agentes de la Policía por el caso K9

Cuatro agentes que integraban la División K9 de la Policía fueron condenados por utilizar recursos públicos para brindar entrenamientos privados al empresario Javier Catoni y sus perros. La resolución fue dictada por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 6, a cargo de Gonzalo Rúa, que homologó un acuerdo de avenimiento en el que los imputados reconocieron los hechos y renunciaron al juicio oral.

La investigación, impulsada por la fiscal Lorena San Marco, determinó que entre mayo y diciembre de 2022 los efectivos ofrecieron capacitaciones particulares en el predio de la calle Itaquí 2604. Allí, Catoni realizaba entrenamientos durante varios días consecutivos, dos veces por mes, con pistas de instrucción, estructuras, vehículos, armamento y perros institucionales. Sus animales, Tokio y Thor, también permanecían en el lugar durante períodos de hasta quince días, con alimento, cuidados y adiestramiento.

Uno de los puntos centrales de la causa fue el uso de esos recursos estatales para actividades privadas. La acusación original sostenía que los agentes habían cobrado alrededor de $80 millones por los servicios. Además, el entonces jefe de la división, el subcomisario Hernán Giuliodori, fue responsabilizado por no registrar formalmente una serie de donaciones que Catoni entregó para el predio, entre ellas herramientas, computadoras, aires acondicionados y mobiliario.

Por el hecho, Giuliodori recibió dos años de prisión en suspenso, cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, una multa de $12.500 y 200 horas de trabajo comunitario. Sara Belén Di Rico fue condenada a dos años de prisión en suspenso y cuatro de inhabilitación, además de 150 horas de tareas comunitarias. Sion Noemí Di Rico y Darío Di Rico recibieron un año de prisión en suspenso y dos de inhabilitación cada uno, con 150 horas de trabajo comunitario.

Los cuatro deberán cumplir reglas de conducta durante dos años bajo supervisión del Patronato de Liberados. Tras conocerse la resolución, el empresario, patrocinado por el abogado Alejandro Cipolla, celebró la condena y sostuvo: “Este es un caso ejemplo, donde la corrupción no se negocia, no se perdona y se paga en la justicia”.