17.1ºc La UBA volvió a reclamar que Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario
Estudiantes, docentes y trabajadores no docentes participaron de una movilización que comenzó en Plaza Houssay y terminó frente al Palacio de Tribunales. El reclamo apunta a la aplicación de la ley, los salarios y el presupuesto de las universidades públicas.
La comunidad educativa de la Universidad de Buenos Aires (UBA) salió a las calles este miércoles con una marcha de velas para exigirle al Gobierno de Javier Milei que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Bajo la consigna “No permitamos que se apague la Universidad”, estudiantes y trabajadores de distintas facultades se sumaron a la protesta.
La movilización comenzó en Plaza Houssay y avanzó hasta el Palacio de Tribunales. Allí, los manifestantes realizaron una clase pública de Derecho Constitucional para visibilizar el conflicto y reclamar por los recursos destinados al sistema universitario.
La convocatoria reunió a representantes de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), la Federación Universitaria Argentina (FUA), la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) y distintos centros de estudiantes.
El eje central de la protesta es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en agosto de 2025. Si bien el presidente había vetado la iniciativa, el Parlamento logró ratificarla con los dos tercios de los votos. Posteriormente, el Ejecutivo promulgó la norma, aunque condicionó su implementación a la disponibilidad de partidas presupuestarias.
La disputa también avanzó en los tribunales. El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional una disposición del decreto 759/2025 que permitía suspender la ejecución de la ley y ordenó al Gobierno cumplirla. Sin embargo, la administración nacional apeló esa resolución.
En paralelo, desde el ámbito universitario alertaron sobre el deterioro de las condiciones salariales y materiales. En declaraciones a TN, referentes de la comunidad educativa describieron el escenario como una situación de creciente tensión: “La universidad es una olla a presión, es inevitable. Esto no arranca el año que viene si no se resuelve. Por condiciones objetivas salariales y materiales, y por el estado de ánimo de la comunidad universitaria”.
Otro de los puntos de disputa es el Presupuesto 2027. Mientras el Gobierno contempla transferencias por $7,7 billones para las universidades, las instituciones reclaman $11 billones para garantizar su funcionamiento. La diferencia profundiza el enfrentamiento entre el Ejecutivo y las autoridades académicas, que buscan respaldo político para obtener mayores recursos.
