Reforma en la Ley de Salud Mental: cuáles son los cambios

El Senado aprobó durante la madrugada del viernes la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010, y giró el proyecto a la Cámara de Diputados. La iniciativa del Gobierno consiguió 42 votos afirmativos y 21 negativos, luego de una serie de negociaciones que modificaron el texto original.

Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, encabezó las conversaciones con representantes del PRO, la UCR y sectores provinciales para reunir los respaldos necesarios. Entre los principales cambios acordados estuvieron el refuerzo del financiamiento federal y la incorporación explícita de los psicólogos en las evaluaciones clínicas.

Uno de los puntos centrales de la negociación fue el financiamiento para las provincias. El nuevo articulado establece que Nación brindará asistencia técnica, económica y financiera mediante convenios. Los recursos estarán destinados prioritariamente, aunque no exclusivamente, al fortalecimiento de equipos interdisciplinarios, la contratación de profesionales, las teleconsultas y los dispositivos comunitarios.

Otro de los cambios importantes tiene que ver con la participación de los profesionales de la salud. El texto establece que, en situaciones de emergencia, un médico (preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental) podrá disponer una internación. Sin embargo, la decisión deberá ser revisada por un equipo interdisciplinario dentro de las 48 horas, con la participación de un psicólogo.

La reforma también habilita las teleconsultas sincrónicas con psiquiatras en aquellas jurisdicciones donde no sea posible garantizar la presencia física de estos especialistas. La medida busca contemplar las dificultades que existen para cubrir esos puestos, especialmente en localidades del interior del país.

En cuanto a las internaciones involuntarias, el proyecto reemplaza el criterio de "riesgo cierto e inminente para sí o para terceros" por el de "riesgo grave de daño para la vida o la integridad física" de la persona o de terceros. Además, permite considerar antecedentes de conductas o ideaciones de riesgo y la evolución previsible del cuadro si no se realiza un tratamiento.

El nuevo texto establece que estas internaciones deberán ser notificadas al Poder Judicial dentro de las 24 horas. Los jueces tendrán tres días para convalidar la medida, solicitar peritajes o disponer la externación. También se contempla la intervención del Órgano de Revisión en internaciones prolongadas, que superen los 180 días continuos o acumulados dentro de un período de dos años.

La ludopatía también quedó incorporada expresamente dentro del abordaje de las adicciones. Además, se establecen disposiciones específicas para niños, niñas y adolescentes, con equipos especializados, espacios diferenciados de los destinados a adultos y el reconocimiento de derechos vinculados con la autonomía progresiva, la confidencialidad y el derecho a ser escuchados.

Por otra parte, la reforma mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios y de desarrollar prácticas manicomiales. También contempla dispositivos alternativos de atención, como tratamientos ambulatorios y domiciliarios, hospitales de día, casas de convivencia y centros de capacitación sociolaboral.

La iniciativa generó cuestionamientos de sectores de la oposición y especialistas, que advirtieron sobre los riesgos de flexibilizar los criterios de internación involuntaria y habilitar un modelo con mayor protagonismo de las instituciones especializadas. Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la necesidad de actualizar las herramientas de intervención y garantizar respuestas ante situaciones de riesgo.

Con la aprobación del Senado, el proyecto ahora deberá pasar por la Cámara de Diputados. Si consigue el respaldo de los legisladores, quedará sancionada la modificación de la Ley Nacional de Salud Mental.