Pidieron la nulidad de la condena a Lucas Pertossi por el crimen de Fernando Báez Sosa

La defensa de Lucas Pertossi solicitó la nulidad de la condena a 15 años de prisión que recibió por el crimen de Fernando Báez Sosa. El planteo fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el abogado Ignacio Nolfi, quien argumentó que durante el juicio no se garantizó el derecho a una defensa adecuada. Pertossi fue uno de los ocho jóvenes condenados por el homicidio ocurrido en Villa Gesell en enero de 2020 y ahora busca que el máximo tribunal revise el fallo.

Según el recurso, el imputado habría sufrido una “indefensión manifiesta” bajo la representación de su anterior abogado, Hugo Tomei. La defensa sostiene que no contó con “una estrategia diferenciada necesaria”, ya que su rol y ubicación durante el ataque habrían sido distintos a los de quienes ejecutaron los golpes fatales. En ese sentido, el escrito señala que los tribunales debieron asegurar una “asistencia técnica efectiva y autónoma” y solicita la realización de un nuevo juicio.

Entre los principales fundamentos expuestos, Nolfi remarcó la existencia de intereses contrapuestos al compartir defensa con los condenados a prisión perpetua. De acuerdo al planteo, esa estrategia conjunta impidió resaltar que la situación fáctica de Pertossi era diferente. Además, cuestionó que la estrategia global se centrara en figuras como el “homicidio en riña”, lo que, según su visión, perjudicó la posibilidad de individualizar su conducta dentro del hecho.

Otro de los puntos señalados es la supuesta limitación del derecho a declarar. El nuevo defensor afirma que, por recomendación de su anterior abogado, Pertossi no brindó una versión completa de los hechos, lo que habría restringido su derecho de defensa. También subrayó la ausencia de evidencia física directa, al sostener que no se halló ADN ni sangre de la víctima en su ropa o en sus manos.

Finalmente, el recurso enumera otros argumentos: la ajenidad respecto del ataque mortal, ya que, según la defensa, no tuvo contacto físico con la víctima; un rol secundario y periférico, limitado a filmar en un inicio y a un altercado menor con un tercero; y una desvinculación temporal y espacial del momento final de la agresión, dado que las cámaras indicarían que se retiró antes de que concluyera el ataque. Ahora será la Corte Suprema la que deberá definir si admite el planteo y revisa la condena impuesta.