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15/10/2021

Es importante acordar con el FMI, por María Belén Aramburu

Es fundamental honrar las deudas que asumimos como país, independientemente de qué gobierno la contrajo.

Es importante acordar con el FMI, por María Belén Aramburu

Es importante honrar las deudas que asumimos como país, independientemente de qué gobierno la contrajo. Es importante mostrarle al mundo que vamos a pagar los US$44.000 millones que finalmente quedaron como saldo adeudado luego de que el gobierno del presidente Alberto Fernández rechazara pagar el resto del total de deuda por US$57.000 millones que fueron acordados por el ex presidente Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. Desde el gobierno de Fernández se aclaró que se va a pagar la deuda, recalcándolo tanto el primer mandatario como a su vez y a través suyo, resaltando, ante las insistentes consultas al respecto por las declaraciones y cartas públicas a las que hice referencia en otras editoriales de Hace Instantes de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre el tema de la deuda, que ella opina en el mismo sentido.

Que el organismo financiero internacional asuma como certeza el pago y que el mercado financiero tome nota de ello facilitará otro aspecto fundamental que hará de la negociación un camino más accesible para lograr acuerdos en algunos puntos que el gobierno plantea como inadmisibles o al menos para ser considerados como tales.

El gobierno de Alberto Fernández, con el Ministro de Economía, Martín Guzmán y la reciente incorporación al viaje del flamante Jefe de Gabinete, Juan Manzur, para brindar fortaleza política a los argumentos sostenidos por nuestro país, pidió eliminar la sobretasa en las tasas de interés que paga la Argentina al organismo. La respuesta de parte del director de Comunicaciones del Fondo, Gerry Rice, fue que constituyen una “parte importante” de la administración que de los préstamos hace el organismo porque contribuyen a fortalecer el balance general, cuestión advertida con anterioridad por la titular del FMI, Kristalina Georgieva, quien hace poco reconoció tener reservas para recortar la tasa de interés. Se tomó nota del reclamo argentino de todos modos. Lo que sucede es que si se toma esta medida se aplica para todos los países, no sólo para la Argentina. Los sobrecargos se aplican en el pago de la deuda por haber excedido el 187% de su cuota en el crédito que se tomó en el 2018 por el gobierno de Mauricio Macri. Es así como en el marco del G20 se solicitó una revisión de la política de sobrecargos y la necesidad de que una parte de los Derechos Especiales de Giro sea dirigida voluntariamente hacia los países de ingresos medios y bajos además del pedido del establecimiento de un nuevo Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad para lograr una financiación a largo plazo para los países de bajos ingresos.

Otro tema a considerar es cuándo se va a pagar y en qué plazos. Un Plan de Facilidades Extendidas que ya fue planteado en su oportunidad por la Argentina, sería una solución viable para nuestro país, con plazos más largos para su pago y tasas de interés más bajas. El Ministro Guzmán había llegado a atisbos de acuerdo a fines del año pasado y principios de éste pero la situación interna en el FMI cambió y esas oportunidades pasaron de largo para remontar ahora una negociación desde un lugar de menor fortaleza. El cuándo se va a pagar la deuda se ha dejado para más adelante. La certeza que acercó el gobierno es la de pagar. El cuándo y cómo se está resolviendo. Para ello están en los Estados Unidos Guzmán y Manzur, además de acercar posiciones con el sector financiero internacional público y privado.

La situación política que atraviesa la Argentina en medio de las elecciones legislativas con resultados desfavorables para el gobierno de Alberto Fernández y con las próximas generales en noviembre coloca al Ministro Guzmán en un lugar de mayor vulnerabilidad para negociar con el Fondo. Un ministro cuestionado por el kirchnerismo que marcó una de las divisiones internas del Frente de Todos pero que mantuvo su continuidad en el cargo especialmente con la misión de negociar con el Fondo Monetario ya que siempre tuvo una buena llegada a la dirección del organismo, acompañado, en un principio, por la gestión del Papa Francisco.

La situación política interna dentro del organismo financiero internacional también se vio modificada poniendo en tela de juicio la titularidad ejercida por Kristalina Georgieva, investigada por supuesta adulteración de cifras del informe Doing Business del Banco Mundial que habría beneficiado a China, habiendo sido apoyada por el directorio del FMI en ocasión de la celebración de la reunión entre este organismo financiero internacional y el Banco Mundial reafirmando, a través de un comunicado, su “plena confianza” por la falta de pruebas contundentes. Siendo Georgieva la principal aliada de Guzmán, este asunto no ayudó mucho ni a la una ni al otro siendo que, como señalé en otro párrafo, se estaba avanzando al menos en conversaciones fluidas entre ellos, de cómo acceder a la mejor manera de pagar la deuda, a través de una sostenida muestra de voluntad de pago de parte del presidente Alberto Fernández que en su oportunidad chocó con la postura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, mostrando de este modo la posición histórica permanentemente establecida por el kirchnerismo frente al Fondo y el concepto de toma de deuda y su correspondiente pago.

Sosteniendo que las negociaciones entre el Fondo Monetario y la Argentina orientadas a lograr un nuevo acuerdo “con un compromiso de ambos lados”, definiendo un programa que “pueda tener políticas firmes para inducir el crecimiento privado, generar empleo genuino y el buen uso de los recursos públicos para apuntalar a aquellos que más necesitan apoyo”, la titular del organismo, Kristalina Georgieva, solicitó encontrar un buen punto de acuerdo donde un programa para la Argentina sea visto como “creíble y útil para la gente y así lo puedan apoyar”. Es así que el organismo continúa esperando la presentación de un programa económico que hoy presenta una cara diferente no sólo con la situación política en la interna del Fondo que quedó latente más allá del apoyo público a Georgieva y de la propia del Ministro Guzmán y los resultados electorales de las PASO. Se plantea ahora sí con más firmeza la elaboración y presentación de un programa con exigencias que se ve también serían acordes a un contexto de pandemia y pos pandemia con la consecuente contemplación de la capacidad de pago de un país como la Argentina en el marco de un consenso general entre todos los partidos políticos.

Entrarán dentro del análisis consideraciones tales como si parte o la totalidad de la deuda fue tomada en base a los principios establecidos por el Fondo y la aplicación derivada de la misma, cuestiones que ya analicé en una editorial de hace un tiempo atrás en Hace Instantes dentro del contexto político institucional en la que ésta se aborda con un organismo financiero internacional. Si bien el gobierno del ex presidente Mauricio Macri se respaldó en la ley de Administración Financiera para contraer la deuda en el 2018, el artículo 75 de la Constitución Nacional, en su inciso 4, dispone que le corresponde al Congreso “contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación” para, en el inciso 7 del mismo artículo, agregar que le corresponde al Congreso “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”. Cabe aclarar que, siendo el Presidente como titular del Poder Ejecutivo, “el responsable político de la administración general del país” el funcionamiento entre ambos poderes dejaría al Congreso en el lugar de la aprobación de la decisión adoptada de contraer un crédito en determinadas condiciones que se han gestionado. Creo que estas funciones establecidas en la Constitución merecen ser profundamente analizadas junto con juristas dando intervención al poder del Estado restante, el Poder Judicial, para aclarar puntos que conlleven a un consenso no sólo en cuanto a la interpretación fehaciente y explícita de este tema, en el que la jurisprudencia puede brindar importante información, sino también para, en el momento de contraer una deuda, poder contar con el aval y consenso de todos los partidos políticos, así como también la utilidad y fines de esa deuda en cuanto a su aplicación concreta y plazos y condiciones de pago.

Por María Belén Aramburu

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