Un tribunal británico obliga a la Argentina a informar activos en el exterior por la causa del cupón PBI
El Tribunal Superior de Londres dispuso que la República Argentina debe proporcionar detalles sobre contratos y cuentas en el extranjero como parte del proceso de ejecución del fallo por los cupones atados al PBI. La medida apunta a facilitar la identificación de activos que puedan ser alcanzados por embargos, luego de que la Justicia británica condenara al país a abonar 1.330 millones de euros más intereses a un grupo de fondos de inversión.
La demanda fue impulsada por Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald, que cuestionaron los cambios introducidos en 2013 en la metodología de cálculo del Producto Bruto Interno. Esa modificación, realizada durante la presidencia de Cristina Kirchner con Axel Kicillof al frente del Ministerio de Economía, alteró los parámetros que determinaban el pago de los llamados Cupones PBI emitidos en los canjes de 2005 y 2010. La Corte londinense entendió que esa decisión afectó los derechos de los inversores.
En el marco del litigio, los acreedores ya ejecutaron una garantía por 313 millones de euros que la Argentina había constituido para apelar la sentencia. Ese recurso fue rechazado, por lo que todavía resta cancelar aproximadamente 1.000 millones de euros. La Procuración del Tesoro calificó este expediente como el quinto juicio más oneroso que enfrenta el Estado argentino en el exterior.
La orden de “discovery” exige revelar contratos firmados con petroleras internacionales, empresas energéticas y la existencia de cuentas bancarias fuera del país. Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors, señaló en la red social X que la “Corte londinense ordena a la República Argentina entregar información sobre contratos firmados con petroleras internacionales, empresas del sector energético y cuentas bancarias entre otros ítems. Esto ocurre dentro del discovery por activos argentinos en el caso Cupón PBI en Euros”.
El origen del conflicto se remonta al instrumento creado tras el canje de deuda de 2005, impulsado por Roberto Lavagna. Los cupones establecían pagos adicionales si el crecimiento anual superaba el 3% hasta 2035. En 2013, el cambio metodológico del Indec arrojó una expansión de 3,2%, por debajo del umbral necesario según la nueva base estadística, lo que evitó el desembolso de miles de millones de dólares. Con la medición anterior, el alza habría sido superior y activado el pago.
En 2023, la Justicia británica fijó la condena en el equivalente a unos USD 1.500 millones. Los demandantes sostienen que el país “se niega a cooperar con las medidas adoptadas para ejecutar la deuda judicial” y cuestionan la falta de pago de intereses acumulados. En paralelo, negaron ante el FMI que existan negociaciones en curso y afirmaron: “No hay negociaciones en curso entre ellos y la República”, en referencia a un informe técnico que sugería conversaciones para resolver la disputa.