Denuncian ataque con armas blancas contra un juzgado de San Martín

Un grupo de alrededor de 20 personas que portaban armas blancas protagonizó este jueves 4 de febrero de 2026 un episodio de violencia en el Juzgado de Garantías Nº 5 del Departamento Judicial de San Martín, en la Provincia de Buenos Aires. Según una denuncia elevada por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, el hecho se produjo en el mediodía en el edificio ubicado en la esquina de Pueyrredón y Cerrito y fue interpretado como una represalia por la detención de sospechosos vinculados al narcotráfico.

Fuentes judiciales indicaron que los presentes irrumpieron en la mesa de entradas del juzgado con armas blancas, aunque no hay un reporte oficial de que se hayan producido destrozos materiales. El ataque, según el comunicado oficial, estaría vinculado a una causa de narcotráfico tras un allanamiento del 22 de enero en el que se secuestraron armas, chalecos antibalas y municiones.

Sin embargo, algunas fuentes consultadas por este medio relativizaron el episodio al señalar que “fueron a reclamar, no los quisieron atender y golpearon a la puerta, pero llamando, no rompieron nada. Y se fueron”, dejando abierta la posibilidad de que no haya habido una agresión tan grave como la descrita por el Colegio de Magistrados y Funcionarios.

En un comunicado, la entidad que agrupa a magistrados y funcionarios expresó su “enérgico repudio y preocupación”por lo acontecido y advirtió que el suceso “expuso de manera grave la vulnerabilidad en la que desempeñan sus funciones las y los trabajadores judiciales”, poniendo en riesgo tanto al personal como al público que diariamente acude a los tribunales.

Además, el Colegio subrayó que la situación refleja “la insuficiente protección de los edificios judiciales y la falta de recursos adecuados” para hacer frente a la operación derivada de la desfederalización de los delitos de narcomenudeo, y advirtió que “estos episodios no constituyen hechos aislados, sino la manifestación de un problema estructural” que exige medidas urgentes del Estado.

Por eso, la institución solicitó a los tres poderes del Estado que adopten con celeridad “medidas concretas que garanticen condiciones adecuadas de seguridad, recursos suficientes y protección efectiva para quienes integran el servicio de justicia”, con el objetivo de resguardar el funcionamiento normal e independiente de los tribunales.