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07/11/2026

Pedro Alliana asumió el poder en Paraguay tras la caída de Santiago Peña

El nuevo mandatario completará el período presidencial hasta 2028 luego de una grave crisis financiera.

Pedro Alliana asumió el poder en Paraguay tras la caída de Santiago Peña

El líder Pedro Alliana juró en las últimas horas como presidente en la Asunción, Paraguay, tras la destitución de Santiago Peña motivada por el escándalo del Ueno Bank. A raíz de este acontecimiento institucional, el nuevo jefe de Estado completará el mandato vigente hasta agosto de 2028 en reemplazo del dirigente eyectado del cargo.

Según consignó Clarín, el veterano político edificó su camino partidario como gobernador del departamento de Ñeembucú entre 2008 y 2013, etapa seguida por dos períodos consecutivos como diputado nacional. Durante esa fase legislativa también comandó la Cámara Baja y condujo los destinos partidarios del Partido Colorado desde dos mil dieciséis hasta enero de dos mil veintitrés, momento en que integró la fórmula ganadora junto al mandatario depuesto.

Su trayectoria pública se vinculó históricamente al movimiento interno Honor Colorado, liderado por el exmandatario Horacio Cartes, aunque en la actualidad ambos dirigentes mantienen profundas diferencias políticas. Paralelamente, el nuevo gobernante acumuló fuertes cuestionamientos ciudadanos debido a la designación de allegados en puestos estatales, un fenómeno que los críticos catalogaron como favoritismo familiar.

Las objeciones públicas escalaron notablemente cuando trascendió la contratación de su hija Montserrat dentro del Parlamento sin poseer un título universitario registrado para desempeñar tareas administrativas. La controversia sumó además la presencia de su esposa como integrante de la cámara baja y de otros parientes en la propia Vicepresidencia sumados a la Entidad Binacional Yacyretá.

Ante la vacancia producida en la recta final del período gubernamental, los legisladores nacionales deberán designar al sucesor vicepresidencial mediante una sesión conjunta que exige una mayoría absoluta de sesenta y tres sufragios. Esta alternativa legal evita convocar a comicios populares y garantiza que el funcionario designado administre sus funciones institucionales hasta el vencimiento del plazo constitucional establecido.

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