Milei cuestionó a La Rioja, pero la deuda de $1,84 billones sigue en el centro de la disputa

Las declaraciones del presidente Javier Milei contra el gobernador Ricardo Quintela reavivaron la disputa entre la Casa Rosada y La Rioja por los recursos que la provincia reclama a la Nación. Desde la administración riojana cuestionaron que el mandatario nacional ponga en duda las decisiones de la gestión provincial mientras continúa pendiente una controversia por fondos que, según sostiene el distrito, le corresponden como compensación por el punto de coparticipación perdido en 1988. De acuerdo con las estimaciones provinciales, la deuda acumulada asciende a $1,84 billones, un monto que supera el presupuesto anual de La Rioja.

En ese contexto, el Gobierno riojano defendió la implementación de los Chachos como una respuesta excepcional frente a la caída de los recursos, la pérdida del poder adquisitivo y la falta de transferencias nacionales. La discusión, plantearon desde la provincia, excede el funcionamiento de esa herramienta financiera y pone en juego el cumplimiento de las obligaciones nacionales, el federalismo y la capacidad de los gobiernos locales para sostener servicios esenciales, salarios, infraestructura y políticas públicas.

Pero el cuestionamiento de La Rioja no se limita a los fondos reclamados. También apunta contra el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que el Gobierno nacional presenta como una de las principales herramientas para atraer capitales. Desde la provincia advierten que los beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios, junto con la estabilidad jurídica y fiscal por 30 años, no garantizan por sí solos la creación de empleo genuino, el fortalecimiento de las PyMEs ni el desarrollo de proveedores locales.

En esa línea, el planteo riojano cuestiona que los anuncios de inversiones se presenten como resultados económicos concretos sin distinguir entre los proyectos anunciados y los desembolsos efectivamente realizados. Además, señala que algunas iniciativas incorporadas al RIGI ya habían sido anunciadas o estaban en desarrollo antes de la creación del régimen. Por eso, sostiene que el impacto de la herramienta debe medirse por sus resultados sobre la producción, el trabajo y las comunidades, y no solamente por los beneficios que reciben las grandes empresas.

La Rioja afirma que no se opone a la llegada de inversiones, pero reclama que estas generen valor agregado, fortalezcan las cadenas productivas regionales y se traduzcan en oportunidades laborales y mejores condiciones de vida. Desde esa perspectiva, el Gobierno provincial cuestiona que la Nación ofrezca incentivos extraordinarios a grandes capitales mientras mantiene sin resolver los fondos reclamados por las provincias y exige ajustes que afectan a trabajadores, jubilados y sectores productivos.

Frente a las críticas de Milei, la administración de Quintela reclama respuestas concretas sobre el dinero que dejó de recibir y una solución para el conflicto financiero. El planteo también vuelve a poner en discusión el vínculo entre la Nación y las provincias, la distribución de recursos y el modelo de desarrollo. La postura riojana es que la responsabilidad institucional no se demuestra mediante agravios, sino cumpliendo obligaciones, respetando las autonomías provinciales y garantizando que el crecimiento económico alcance al conjunto de la sociedad.