14.8ºc La Justicia dispuso una solución habitacional accesible para una niña con discapacidad en la Ciudad
El fallo contempla dos alternativas para mejorar las condiciones de vida de la menor y su familia: una vivienda en planta baja cerca de su centro médico o la adaptación integral del edificio donde residen actualmente, en Barracas.
La Justicia porteña dispuso que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) garanticen una solución habitacional accesible para una niña con discapacidad grave y su familia. La medida busca mejorar sus condiciones de movilidad y facilitar el acceso a los tratamientos médicos y a las actividades cotidianas.
La resolución fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N.º 12, a cargo de la jueza Alejandra Petrella, que hizo lugar a una acción de amparo presentada por la familia. El fallo contempla dos alternativas: otorgarles un departamento accesible en planta baja, cerca del centro médico donde la niña recibe atención, o realizar una adaptación integral del complejo habitacional Osvaldo Cruz y Luna, en Barracas, donde actualmente viven en un tercer piso por escalera.
El Gobierno porteño deberá informar en un plazo de 10 días cómo llevará adelante la medida. Si se opta por el traslado, la mudanza deberá concretarse en un máximo de seis meses; en caso de realizarse las obras en el edificio actual, el plazo establecido es de 90 días. Mientras se define la solución definitiva, también deberá otorgarse un subsidio transitorio para cubrir los gastos de asistencia durante los desplazamientos.
La familia había sido trasladada al complejo habitacional en 2019, en el marco de las actuaciones vinculadas con la causa del Riachuelo. Con el deterioro de la salud de la niña, que actualmente utiliza silla de ruedas y necesita asistencia permanente, las condiciones de accesibilidad del edificio se volvieron centrales para su vida cotidiana. La falta de ascensor dificulta las salidas del hogar, incluidos los traslados al Hospital Garrahan para recibir tratamiento.
Para evaluar la situación se incorporaron informes técnicos del Observatorio de la Discapacidad, que identificaron dificultades edilicias para garantizar la movilidad segura de la menor y su acompañante. En su resolución, la jueza también descartó la instalación de una silla salvaescaleras, al considerar que esta alternativa requiere trasladar a la persona fuera de su silla de ruedas y no garantiza condiciones adecuadas de seguridad.
El fallo destacó la importancia de contemplar las necesidades particulares de la niña y de garantizar condiciones de accesibilidad que favorezcan su autonomía, atención médica e inclusión familiar y comunitaria. La resolución establece así distintas vías para alcanzar una solución habitacional acorde con su situación y asegurar mejores condiciones para su vida cotidiana.
