El Gobierno protestó contra el Reino Unido por las licencias petroleras en Malvinas

El Gobierno argentino presentó una nota formal de protesta contra el Reino Unido luego de que la administración de las Islas Malvinas anunciara la extensión por cinco años de las licencias vigentes para actividades petroleras offshore. La medida cuenta, según las autoridades isleñas, con el respaldo del Gobierno británico.

Los permisos corresponden a distintas operaciones de exploración y producción de hidrocarburos en las aguas que rodean al archipiélago. La prórroga tendrá una duración inicial de cinco años y contempla además la posibilidad de extender las licencias por otros dos años, siempre que las compañías cumplan con los programas de trabajo establecidos.

Desde la Argentina, la Cancillería cuestionó la decisión y sostuvo que las autorizaciones otorgadas por las autoridades de las islas son ilegales, debido a que el país mantiene el reclamo de soberanía sobre el territorio y sus recursos naturales.

Uno de los principales proyectos alcanzados por esta situación es Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros del archipiélago. La iniciativa está encabezada por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, que tienen previsto comenzar la producción de petróleo en marzo de 2028.

El proyecto contempla una primera etapa con una inversión estimada de US$1.800 millones y una producción inicial proyectada de 50.000 barriles diarios. Navitas posee el 65% de la participación en Sea Lion, mientras que Rockhopper controla el 35% restante.

El conflicto se profundizó durante las últimas semanas, luego de que el Gobierno argentino avanzara con procedimientos administrativos y denuncias judiciales contra empresas vinculadas con las actividades hidrocarburíferas en la zona. También se dictó una medida cautelar que ordenó a Navitas y Rockhopper abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar obras relacionadas con el desarrollo de Sea Lion.

La Cancillería sostiene que las actividades hidrocarburíferas impulsadas de manera unilateral en las áreas cuya soberanía se encuentra en disputa contradicen resoluciones de Naciones Unidas. En particular, el Gobierno argentino invoca la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que insta a ambas partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras continúa pendiente la solución de la disputa.

La decisión de extender las licencias se conoció en medio de una nueva escalada diplomática por la explotación de recursos naturales en las Malvinas. El Gobierno de Javier Milei mantiene su reclamo de soberanía y, en paralelo, busca impedir mediante herramientas legales y administrativas que compañías vinculadas con esos proyectos operen sin autorización argentina.