18.6ºc El Gobierno nacional promulgó la reforma a la Ley de Glaciares
La norma, fuertemente resistida por organizaciones ambientalistas, reduce las superficies bajo resguardo ambiental y habilita la actividad minera en zonas hasta ayer protegidas.
El presidente Javier Milei promulgó este viernes la reforma a la ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, más conocida como la Ley de Glaciares sancionada hace dos semanas en el Congreso de la Nación.
Así quedó plasmado en el Decreto 271/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas del mandatario libertario y de su Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La norma, fuertemente resistida por organizaciones ambientalistas, reduce las superficies bajo resguardo ambiental, habilita la actividad minera en zonas hasta ayer protegidas y otorga mayores competencias a las provincias para la gestión de sus recursos.
De esta manera el gobierno libertario apuesta a fomentar inversiones que impulsen la extracción de cobre y litio.
Quienes apoyaron este cambio legislativo en el Congreso afirman que se busca “destrabar” proyectos mineros que contribuyen al desarrollo energético nacional y se encontraban anteriormente paralizados por la normativa anterior. Según esta postura, las prohibiciones de exploración y explotación quedan ahora únicamente circunscritas a zonas con importancia hídrica comprobada.
La nueva ley establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial “con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas a fin de que puedan ser destinados para el consumo humano, para la agricultura, para la protección de la biodiversidad, como fuente de información científica y como atractivo turístico”.
El esquema de autoridades de aplicación asigna a cada provincia la tarea de identificar y evaluar sus propios glaciares y geoformas.
Como excepción, la Administración de Parques Nacionales conservará esta función exclusivamente dentro de las áreas protegidas bajo su órbita nacional. La nueva normativa subraya que la protección actual debe realizarse "sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras".
Otro punto clave es que todas las actividades deberán contar con evaluación de impacto ambiental previa, y en los casos que corresponda, con evaluaciones estratégicas, garantizando instancias de participación ciudadana conforme a la legislación vigente.
