El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, apunta contra Tapia y Toviggino

El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó este viernes la detención e indagatoria del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presunta asociación ilícita agravada y lavado de activos. El pedido incluye allanamientos e inhibición general de bienes, y será resuelto por el juez federal de turno en Tucumán.

La acusación sostiene que los dirigentes habrían integrado “una organización criminal nacional e internacional con muchos recursos económicos”, capaz de obstaculizar la investigación o fugarse del país. Según el fiscal, los delitos imputados prevén penas mínimas de ocho años de prisión, lo que implicaría cumplimiento efectivo en caso de condena.

De acuerdo con la investigación, Tapia habría permitido la salida irregular de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino al autorizar transferencias hacia empresas vinculadas a Toviggino, entre ellas Real Central SRL, propietaria de una mansión en Pilar valuada en millones de dólares. También se detectaron facturaciones cruzadas con firmas como TourProdEnter, ligadas a negocios internacionales de la selección.

El expediente describe un esquema en tres etapas, ingreso de dinero ilícito al sistema financiero mediante facturación apócrifa y evasión. Luego, la “estratificación” a través de operaciones entre empresas para dificultar su trazabilidad; y finalmente, la reinserción de los fondos en la economía formal mediante la compra de bienes, inversiones y activos a nombre de sociedades.

El fiscal detalló además un crecimiento patrimonial “exponencial” de las firmas investigadas, con adquisición de decenas de vehículos, más de 30 inmuebles y movimientos financieros relevantes, incluyendo plazos fijos, acciones y operaciones con dólar MEP. También se registraron múltiples viajes al exterior vinculados a los implicados.

La causa se inició en diciembre de 2025 tras una denuncia que señalaba presuntos desvíos de fondos públicos y maniobras irregulares. En paralelo, la Justicia federal deberá definir la competencia de distintos expedientes relacionados, mientras avanza el análisis sobre el patrimonio y las operaciones de los acusados.