El Gobierno enfrenta un fallo por el financiamiento universitario y advierte: “vuelve el déficit”

El Gobierno nacional se prepara para cumplir con el fallo judicial que ratifica la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, aunque en el oficialismo ya anticipan un escenario complejo. En la Casa Rosada advierten que el cumplimiento de la norma implicará un fuerte impacto fiscal y reactivará el debate por el déficit.

Según estimaciones oficiales, la aplicación de la ley demandará un desembolso cercano a los $2,5 billones. Frente a ese panorama, desde el Ejecutivo reconocen dificultades para afrontar el pago en el corto plazo. “Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata”, señalaron fuentes del Gobierno.

A pesar de esa situación, la administración de Javier Milei apelará la decisión judicial ante la Corte Suprema, aunque dentro del propio oficialismo admiten que es poco probable que el máximo tribunal otorgue una suspensión del fallo. Esto obligaría al Estado a comenzar a transferir los fondos en lo inmediato.

La discusión gira también en torno a los tiempos y la forma de implementación. Mientras algunos sectores sostienen que el pago debería comenzar de manera inmediata, otros plantean la posibilidad de escalonar las transferencias para amortiguar el impacto en las cuentas públicas.

La ley establece la actualización de salarios docentes y no docentes, además de la recomposición de partidas destinadas a becas estudiantiles. En el ámbito universitario, consideran que estas medidas son urgentes frente a la pérdida de poder adquisitivo registrada en los últimos años.

En paralelo, desde el Gobierno insisten en que el cumplimiento de esta obligación tensiona el objetivo de equilibrio fiscal. En ese marco, el conflicto por el financiamiento universitario se suma a otros frentes abiertos en la política económica, con negociaciones en marcha y un escenario judicial que podría definir los próximos pasos.