Fate alertó al Gobierno por riesgos con material radiactivo en su planta tomada

El conflicto en la planta de Fate sumó un nuevo capítulo luego de que la empresa advirtiera que no puede asegurar las condiciones de seguridad del material radiactivo presente en sus instalaciones. La advertencia fue realizada por el presidente de la compañía, Javier Madanes Quintanilla, en una comunicación formal enviada a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).

En la carta, remitida el martes por la noche, el empresario informó que dentro del predio funciona “un equipo acelerador lineal de electrones de 500 KeV - 100mA para uso industrial”. Según explicó, la compañía no tiene control sobre el lugar debido a que la fábrica permanece ocupada por trabajadores y representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

Madanes Quintanilla recordó que, como licenciataria del equipo, la empresa es responsable de garantizar la seguridad radiológica y física del material. Sin embargo, advirtió que esa obligación no puede cumplirse en el contexto actual. “Ponemos en vuestro conocimiento que no podemos garantizar las condiciones de seguridad ni la diligencia debida necesaria e impuesta por el régimen aplicable con relación al equipo cuya licencia nos ha sido otorgada”, expresó en el documento.

La advertencia llegó horas después de que la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro dejara sin efecto la orden de desalojo de la planta ubicada en San Fernando. De esta manera, la Justicia respaldó la permanencia de los trabajadores dentro del predio, al considerar que el conflicto se enmarca en el derecho a huelga.

En su resolución, los jueces sostuvieron que “la huelga, como expresión más pura del reclamo, se encuentra reconocida como derecho en el artículo 14 bis de la CN y se trata de un medio de acción directa, de carácter colectivo, destinada a preservar o conquistar derechos o intereses de los trabajadores”. El tribunal también indicó que la disputa debía tratarse en el ámbito laboral y no en el penal.

Mientras tanto, el Gobierno nacional anunció que iniciará un sumario contra la empresa por no haber pagado los salarios durante la conciliación obligatoria. Desde el Ministerio de Capital Humano confirmaron que la medida podría derivar en una multa económica y que la instancia de conciliación se extenderá hasta el 16 de marzo con el objetivo de intentar destrabar el conflicto entre la compañía y los trabajadores.