Reforma laboral: el Gobierno prepara su estrategia judicial tras el amparo presentado por la CGT

El Gobierno de Javier Milei comenzó a delinear su estrategia legal para defender la reforma laboral luego de que la Confederación General del Trabajo presentara un amparo judicial para frenar su aplicación. La central obrera realizó la presentación pocas horas antes de que se promulgara la ley, lo que abrió un nuevo frente judicial para la administración nacional. Desde la Casa Rosada anticipan que la judicialización era esperada y consideran prioritario sostener la normativa en los tribunales.

Acorde a lo informado por Infobae, el recurso fue presentado ante el juzgado contencioso administrativo número 7, a cargo del magistrado Enrique Lavié Pico, con el objetivo de declarar la nulidad e inconstitucionalidad de los artículos que habilitan el traspaso del fuero laboral de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La CGT sostiene que la iniciativa no cumplió con los requisitos constitucionales y advierte sobre posibles consecuencias como el colapso del sistema judicial laboral y la incertidumbre para trabajadores y funcionarios judiciales. Además, la central sindical anticipó que presentará nuevas medidas cautelares en distintos tribunales.

La defensa del Gobierno quedará principalmente en manos del renovado equipo del Ministerio de Justicia, ahora conducido por Juan Bautista Mahiques. Sin embargo, la estrategia también incluirá la intervención de otros organismos clave, entre ellos la Procuración del Tesoro de la Nación, que recientemente quedó bajo la conducción de Sebastián Amerio. En paralelo, la Secretaría Legal y Técnica dirigida por María Ibarzabal Murphy también participará en la coordinación jurídica. Desde el entorno oficial ya anticipaban el escenario judicial: “Estamos trabajando en prevenir la judicialización que sabemos que va a ocurrir. Descontamos que termina en la Corte”.

Entre los aspectos más sensibles de la reforma laboral se destacan la prioridad de los convenios colectivos de empresa sobre los acuerdos nacionales, la limitación de la ultraactividad de los convenios y los cambios en el cálculo de indemnizaciones. A esto se suma la decisión de transferir la Justicia del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires, una disputa institucional que se remonta a la reforma constitucional de 1994. A través del Decreto 95/2026, el Gobierno habilitó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a firmar los acuerdos necesarios para concretar el traspaso, punto que la CGT considera irregular por la falta de intervención de la Comisión Bicameral.

El conflicto involucra también a otros actores institucionales. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional cuestionó el tratamiento legislativo del tema, mientras que el procurador de la Ciudad, Javier Martínez Zabaleta, planteó la necesidad de que la transferencia del fuero laboral se realice de forma ordenada. En el oficialismo, sin embargo, confían en que la reforma superará los desafíos judiciales y se apoyan en antecedentes de la Corte Suprema que avalaron la reorganización de los tribunales laborales porteños. Desde el círculo cercano al Presidente aseguran que la modernización del sistema laboral es una política central del Gobierno y sostienen que el proceso será defendido en todas las instancias judiciales.