25.9ºc Reforma laboral: la Abogacía del Estado presentó la primera demanda de inconstitucionalidad contra la ley
La Asociación Gremial de la Abogacía del Estado impulsó una acción colectiva ante la Justicia para frenar artículos de la norma aprobada por el Congreso. Sostiene que vulnera derechos protegidos por la Constitución Nacional, especialmente el artículo 14 bis.
La reciente reforma laboral aprobada por el Congreso sumó su primer revés judicial. La Asociación Gremial de la Abogacía del Estado formalizó una presentación colectiva para que se declare la inconstitucionalidad de distintos puntos de la denominada Ley de Modernización Laboral, promovida por el Poder Ejecutivo.
Desde la entidad remarcaron que el planteo tiene carácter estrictamente jurídico. Argumentaron que la normativa contradice garantías establecidas en la Constitución Nacional y advirtieron que impacta sobre derechos esenciales contemplados en el artículo 14 bis, que resguarda principios básicos en materia laboral.
En un comunicado, el organismo sostuvo que la nueva legislación “afecta derechos laborales reconocidos históricamente y podría debilitar las condiciones de trabajo protegidas por la legislación vigente”. Además, enfatizó: “El artículo 14 bis de nuestra Constitución protege derechos fundamentales que consideramos se encuentran vulnerados por la legislación aprobada”.
En paralelo, la Confederación General del Trabajo también avanzó con una presentación judicial. La central obrera se movilizó a los tribunales y cuestionó la ley al considerar que implica una “grave afectación de derechos colectivos e individuales”. Durante la protesta, Jorge Sola expresó: “Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”.
La CGT amplió sus críticas en un documento posterior, donde afirmó: “La mal llamada ‘modernización’ significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales”. Entre los puntos observados, señaló la posibilidad de “jornadas de trabajo de hasta 12 horas, el fin de las horas extras y, consecuentemente, reducción del salario”, además de cuestionar cambios en el régimen de indemnizaciones y aportes.
Con estas acciones judiciales, la aplicación de la reforma queda ahora bajo la lupa de los tribunales. Mientras el Gobierno defiende la iniciativa como una actualización del mercado laboral, los sindicatos y organizaciones profesionales anticipan una disputa legal que podría extenderse y profundizar la tensión entre el Ejecutivo y el movimiento obrero.
