La Iglesia le reclamó al Gobierno la falta de obras en villas y barrios pobres

La Iglesia Católica elevó un fuerte cuestionamiento al Gobierno nacional por la paralización de obras en asentamientos y zonas vulnerables, tras el anuncio del cierre de la Subsecretaría de Integración Sociourbana (SSISU). La advertencia fue impulsada por Cáritas Argentina y diversas organizaciones comunitarias, que denunciaron el impacto social de la medida. Bajo el lema “Sin integración socio urbana no hay futuro para 5 millones de personas”, referentes sociales alertaron sobre la desarticulación del área encargada de planificar infraestructura básica en barrios populares, cuyos 300 trabajadores no tendrán renovación de contrato.

“Estamos hablando de obras en villas o barrios populares en el país”, apuntó Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina. El religioso, con amplia trayectoria pastoral en zonas carenciadas, pidió a la administración de Javier Milei reactivar los proyectos suspendidos. “Estamos hablando de cosas básicas, de que queremos atender la pobreza. En una pobreza multidimensional, uno puede tener un mayor ingreso por la AUH (Asignación Universal por Hijo) o la Tarjeta Alimentar, pero si no tenés el agua potable, un centro de salud cerca, o cloacas, es muy difícil vivir”, consideró en declaraciones radiales. Además, advirtió sobre el impacto en millones de niños y jóvenes que habitan estos territorios vulnerables.

Durante un panel de la Mesa Nacional de Barrios Populares, Carrara compartió diagnóstico con Juan Maquieyra, director ejecutivo de TECHO; Fernanda García Monticelli, exfuncionaria del área; y Lila Calderón, referente del Barrio Obrero de Cipolletti. Allí se detalló que la virtual paralización de la SSISU y el recorte presupuestario implicaron la detención de más de 700 proyectos de urbanización y la suspensión del programa Mi Pieza, que financiaba refacciones en viviendas precarias. El ajuste se inició con la eliminación del Fondo de Integración Sociourbana (FISU), oficializada mediante el decreto 312/25 y transferido al Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo. En paralelo, el dirigente social Juan Grabois fue denunciado por supuestas irregularidades en la gestión del fondo, aunque la Justicia lo sobreseyó en julio de 2025 por falta de pruebas.

“Uno de los funcionarios a cargo del FISU, Sebastián Pareja, dijo con honestidad intelectual dijo que no había encontrado corrupción en las obras, sino todo lo contrario. Eran fondos auditados por universidades y organismos internacionales”, recordó Carrara. Y agregó que “ahora hay un paso muy duro que es el cierre de la SISU con sus trabajadores, que eran el brazo ejecutor concreto de esta política pública con los vecinos y vecinas de los barrios”. Según datos del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), existen 6.467 barrios vulnerables donde residen más de 1,2 millones de familias, en el marco de la ley 27.453 que institucionalizó la integración sociourbana como política de Estado desde 2018.

La controversia ya llegó a los tribunales. El Juzgado Federal de Pehuajó dictó medidas cautelares que ordenan al Estado garantizar la continuidad de la política pública y frenar la disolución del FISU. No obstante, los recortes persisten. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), junto a movimientos sociales y cooperativas, realizó una protesta frente a la Casa Rosada con la instalación simbólica de casillas de madera para visibilizar la situación. Las organizaciones sostienen que la interrupción de estas obras no solo profundiza la exclusión social, sino que compromete el acceso a servicios esenciales y la calidad de vida en los sectores más postergados del país.