Sin acuerdo en la primera audiencia por Fate: convocaron a una nueva reunión el 4 de marzo
La instancia de conciliación obligatoria entre la empresa, el gremio del neumático y la Secretaría de Trabajo no logró destrabar el conflicto tras el anuncio del cierre y los más de 900 despidos.
La primera audiencia realizada luego de que Fate confirmara el cierre de su planta terminó sin avances concretos. El encuentro, que se desarrolló de manera virtual y se extendió por más de seis horas, reunió a representantes de la compañía, del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) y de la Secretaría de Trabajo, en el marco de la conciliación obligatoria dictada por 15 días.
La medida oficial suspendió los 920 despidos comunicados por la empresa y ordenó retrotraer la situación laboral al momento previo al conflicto. Mientras dure el procedimiento, la firma debe asignar tareas de manera habitual y mantener las condiciones vigentes, lo que dejó en pausa también el pago de las indemnizaciones previstas tras el anuncio del cierre.
En un comunicado difundido días atrás, la empresa sostuvo: “FATE S.A.I.C.I. comunica que una vez verificadas las condiciones técnicas y de seguridad imprescindibles en la planta industrial, la empresa -como siempre en su historia- hará efectivos los términos de la conciliación obligatoria dispuesta por las Autoridades”. Según trascendió, el plan sería retomar la actividad de forma gradual durante la instancia administrativa y luego avanzar con el cierre definitivo resuelto por el directorio.
Desde la compañía atribuyen la decisión a una combinación de factores económicos y productivos. Entre ellos, mencionan la caída sostenida de la demanda, la pérdida de competitividad frente a importaciones y un prolongado conflicto sindical. La crisis, aseguran, no es reciente y se remonta al menos a 2019, cuando comenzaron los primeros recortes de personal.
En 2024 la firma había solicitado un Procedimiento Preventivo de Crisis tras reportar fuertes pérdidas y una contracción de ventas. En ese contexto, advirtió que “la persistente falta de competitividad en los costos, sumada a la brusca caída de la demanda interna en un 30%, origina nuevamente fuertes pérdidas desde fines del año pasado”. Además, informó que había acumulado pérdidas superiores a los US$30 millones en el primer semestre de ese año.
El conflicto escaló tras el anuncio del cierre definitivo y generó protestas dentro y fuera de la planta de San Fernando, que incluso derivaron en una orden judicial de desalojo. Sin acuerdo en esta primera instancia, las partes volverán a reunirse el 4 de marzo en busca de una salida a una crisis que mantiene en vilo a cientos de trabajadores y sus familias.

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