EEUU frena apelaciones en el caso YPF y fortalece la posición de Argentina tras el fallo favorable
La Cámara de Nueva York dejó en pausa los recursos pendientes y canceló una audiencia clave mientras se define si la sentencia queda firme.
La causa por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo en Estados Unidos con una decisión que beneficia a la Argentina. La Cámara de Apelaciones de Nueva York resolvió suspender todas las apelaciones vinculadas al caso, una medida que se enmarca en el fallo reciente que dejó sin efecto la condena millonaria contra el país.
Como parte de esta determinación, el tribunal también anuló la audiencia que estaba prevista para el 16 de abril, donde se iban a discutir varios de esos recursos. Entre ellos se encontraba la apelación presentada por la Argentina contra una orden judicial que exigía la entrega de acciones de la petrolera.
“La Cámara de NY sigue tomando las medidas lógicas derivadas de su fallo favorable a la Argentina. Ahora deja en suspenso todas las demás apelaciones relativas al caso hasta que ese fallo quede firme”, explicó Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro, al referirse al alcance de la resolución.
El proceso judicial aún no está completamente cerrado, ya que el fondo Burford Capital, principal beneficiario del litigio, todavía puede intentar nuevas vías para revertir el resultado. Entre las opciones que se analizan figuran un pedido de reconsideración ante el pleno del tribunal o una presentación ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
En paralelo, desde el fondo calificaron la decisión como negativa para sus intereses. “La decisión del Segundo Circuito es, sin duda, muy decepcionante y representa un notable abandono de los derechos de los accionistas minoritarios de la Bolsa de Nueva York”, señalaron en un comunicado tras conocerse el fallo.
Más allá de las críticas, el criterio adoptado por la Cámara se apoyó en una interpretación clave del derecho argentino: que las decisiones del Congreso y las leyes nacionales prevalecen sobre los estatutos de las empresas. Este punto resultó central para descartar la existencia de una obligación contractual automática de indemnización tras la expropiación, lo que refuerza la estrategia legal del Estado en el caso.

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