Piden intervención de Cancillería por la argentina retenida en Brasil
El Colegio de Abogados solicitó asistencia diplomática en el caso de Agostina Páez, acusada de injuria racial en Río de Janeiro. Cuestionan que las medidas impuestas por la Justicia brasileña son “desproporcionadas”.
El caso de Agostina Páez, la abogada argentina que permanece en Río de Janeiro acusada de “injuria racial”, sumó un nuevo capítulo este viernes. Desde el ámbito profesional reclamaron que el Gobierno nacional intervenga a través de la Cancillería para garantizar sus derechos procesales en Brasil.
El pedido fue impulsado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), cuyo titular, Ricardo Gil Lavedra, envió una nota formal al Ministerio de Relaciones Exteriores. En el escrito se solicita que se activen los canales diplomáticos y consulares para asistir a la letrada, quien continúa sometida a estrictas medidas judiciales.
Páez, de 29 años y oriunda de Santiago del Estero, fue detenida días atrás en Río de Janeiro luego de que se viralizara un video en el que, tras una discusión en un bar de Ipanema, realizó gestos que las autoridades locales interpretaron como racistas. Aunque la prisión preventiva fue revocada, la Justicia brasileña le impuso tobillera electrónica, prohibición de salir del país y presentaciones periódicas ante el tribunal.
Desde el CPACF sostuvieron que las restricciones resultan excesivas y remarcaron que las medidas son “desproporcionadas” frente a los hechos investigados. Además, reclamaron que se asegure el respeto al “debido proceso y el derecho de defensa”, en línea con los compromisos internacionales asumidos por ambos países.

En declaraciones públicas, la propia Páez aseguró que “no tuvo intención de discriminar” y describió lo ocurrido como un “error emocional” en medio de una discusión. También manifestó preocupación por la exposición mediática y por su situación personal mientras permanece en territorio brasileño.
El planteo ante Cancillería apunta a que el Estado argentino acompañe el proceso y evalúe eventuales gestiones para que la acusada pueda continuar la causa desde la Argentina, siempre que la Justicia de Brasil lo autorice. Por ahora, la causa sigue su curso en los tribunales de Río, mientras crece la dimensión diplomática del caso.
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