Afganistán: nuevo código penal reduce penas por violencia contra las mujeres
El régimen talibán aprobó una nueva normativa que reduce penas por violencia doméstica y consolida un sistema judicial basado en criterios religiosos. Organismos internacionales denuncian un grave retroceso en derechos humanos.
El régimen talibán en Afganistán puso en marcha un nuevo Código Penal que, según organizaciones de derechos humanos, institucionaliza la violencia contra mujeres y niños y elimina garantías legales vigentes antes de su regreso al poder en 2021.
De acuerdo con lo publicado por el diario El Litoral, la normativa establece que las agresiones físicas dentro del ámbito familiar solo serán castigadas si generan lesiones visibles, como fracturas o hematomas. Incluso en esos casos, la pena máxima prevista sería de apenas 15 días de prisión.
El texto legal también contempla que determinados castigos puedan aplicarse bajo justificaciones religiosas o morales. Para especialistas, esto implica que la violencia doméstica queda prácticamente despenalizada, ya que las mujeres deberán demostrar ante un tribunal daños físicos concretos para que exista sanción.
Además, el nuevo esquema judicial elimina mecanismos de protección para víctimas y refuerza la intervención de clérigos en los procesos legales. Esto, advierten analistas, reduce las posibilidades de denuncia y deja a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad frente a sus agresores.
Organismos internacionales calificaron la reforma como un paso más hacia un “apartheid de género”, al considerar que consolida un modelo que excluye a las mujeres de la vida pública y debilita derechos adquiridos en las últimas dos décadas.
Desde la comunidad internacional se multiplicaron los cuestionamientos. Diversas ONG sostienen que el nuevo marco legal “institucionaliza el abuso” y reclamaron su revisión inmediata, al entender que viola estándares básicos en materia de derechos humanos.
Con esta reforma, el régimen talibán profundiza un proceso de transformación legal que, según denuncian expertos, marca uno de los mayores retrocesos en materia de protección de mujeres y niñas en la región.


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