Conflicto sindical en el Puerto de Bahía Blanca: dos empresas denunciaron amenazas

El conflicto gremial en el Puerto de Bahía Blanca escaló a la Justicia luego de que las compañías Hydra Argentina S.A. e Ildemar S.A., dedicadas a tareas de balizamiento y batimetría, presentaran una denuncia penal por presuntos bloqueos, intimidaciones y hechos de violencia atribuidos al Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Según las firmas, la tensión aumentó tras el despido con indemnización de dos empleados, lo que habría derivado en protestas que afectaron la operatoria normal de las embarcaciones.

De acuerdo con la presentación judicial reportada por Infobae, el clima se volvió hostil con manifestaciones sorpresivas, cortes de accesos y obstáculos para el ingreso y salida del personal. El abogado Maximiliano Gorg, representante legal de las empresas, describió un escenario de “acoso sindical” y “extorsión”, que incluyó presuntas amenazas verbales y físicas, además de trabas para realizar tareas esenciales en el puerto. La denuncia menciona a integrantes del gremio y especialmente a su secretario local, Luis Oscar Pérez.

En el escrito se relataron episodios de “intimidaciones, agresiones, extorsión, agravios y manifestaciones en la vía pública”, todos atribuidos a integrantes del Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento y, especialmente, a su secretario local, Luis Oscar Pérez. “Se han realizado manifestaciones sorpresivas frente a los domicilios de las empresas y sus oficinas, bloqueando el ingreso y egreso del personal, y se han proferido amenazas directas e indirectas”, se afirmó en el documento. Para las compañías, estas acciones perjudican directamente la prestación de servicios y generan pérdidas económicas.

Las empresas sostienen que la presión se profundizó luego de las desvinculaciones indemnizadas, que rondaron los 70 millones de pesos, y que comenzaron reclamos para reincorporar personal y sumar tripulantes. Entre los antecedentes consignados figuran una agresión física a un capitán en 2019, la paralización de una zarpada mediante una asamblea sin previo aviso en 2024 y la interrupción de trabajos a bordo en 2025, situaciones que, aseguran, ya habían sido comunicadas al Consorcio de Gestión del Puerto sin respuestas efectivas.

Ante la reiteración de los hechos, Hydra e Ildemar decidieron judicializar el caso y solicitaron que la fiscalía tome declaración a testigos, empleados y autoridades actuales y anteriores del Consorcio portuario. También denunciaron manifestaciones frente a domicilios y oficinas administrativas con obstrucciones, daños y acusaciones públicas que consideran infundadas. Con esta acción penal, buscan frenar lo que describen como un patrón sistemático de hostigamiento que compromete la actividad operativa en el Puerto de Bahía Blanca.