Afganistán: los Talibanes refuerzan un marco legal que profundiza la opresión contra las mujeres

El gobierno talibán avanzó recientemente con la aprobación y consolidación de un nuevo marco legal que endurece aún más las restricciones contra las mujeres en Afganistán. Se trata de reformas que integran decretos previos y nuevas disposiciones en el sistema jurídico del país, denunciadas por organismos internacionales como una regresión sin precedentes en materia de derechos humanos.

Uno de los ejes centrales es el nuevo código criminal, que reemplaza normativas anteriores y formaliza castigos y controles basados en interpretaciones extremas de la sharía. Según analistas, este código legaliza la discriminación estructural, en especial contra mujeres y niñas, al eliminar garantías básicas y legitimar sanciones desproporcionadas.

En paralelo, el régimen reforzó la llamada ley de “Promoción de la virtud y prevención del vicio”, conocida como ley de moralidad. Esta normativa regula la vida cotidiana femenina y establece que las mujeres deben cubrir completamente su cuerpo, evitar hablar en espacios públicos y limitar su presencia fuera del hogar. Para Naciones Unidas, se trata de una legislación que “busca borrar a las mujeres de la vida pública”.

Las consecuencias prácticas son contundentes. Las mujeres tienen prohibido estudiar en niveles secundarios y universitarios, trabajar en la mayoría de los sectores y desplazarse sin la compañía de un tutor masculino. Estas restricciones, que ya existían como decretos, ahora quedan consolidadas dentro del entramado legal, lo que dificulta cualquier reversión a corto plazo.

Activistas afganas sostienen que estas leyes configuran un sistema de segregación por sexo. “No son normas aisladas, es un sistema diseñado para castigarnos por ser mujeres”, advierten en testimonios recogidos por medios internacionales. Desde el exterior, crecen los reclamos para que esta situación sea reconocida formalmente como apartheid de género.

Organismos de derechos humanos alertan que la aprobación de estas leyes no solo profundiza la crisis humanitaria, sino que también consolida un modelo de gobierno basado en la exclusión total de las mujeres. Mientras tanto, la comunidad internacional enfrenta el desafío de cómo responder ante un régimen que convirtió la discriminación en política de Estado.