Juicio por YPF: Argentina solicitó a la Justicia de EE.UU. frenar el discovery
La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro de la Nación ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska.
En el marco del juicio por YPF en Estados Unidos, la Argentina pidió suspender el proceso de discovery ordenado por la Justicia norteamericana y también la moción de desacato impulsada por Burford Capital. La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro de la Nación ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska, con el objetivo de limitar medidas que, según el Gobierno, exceden el alcance del litigio y generan un fuerte impacto institucional y económico.
Fuentes oficiales confirmaron al medio Infobae que el pedido se efectuó durante la madrugada y remarcaron que la intención es poner fin a lo que consideran un “hostigamiento sistemático” por parte del fondo litigante, que busca ejecutar el fallo por USD 16.000 millones tras la expropiación de la petrolera. “Hasta acá llegaron”, señalaron desde el entorno oficial. La defensa argentina sostiene que los requerimientos de información son desproporcionados y vulneran la soberanía del país.
“El hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, mediante pedidos de discovery intrusivos y desproporcionados, afecta de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales”, argumentaron desde la Procuración. En las últimas semanas, el conflicto escaló luego de que Burford solicitara datos sensibles, como la localización de las reservas de oro del Banco Central. Frente a ello, el Estado respondió que esos activos “son propiedad del Banco Central” y “resultan protegidas por la inmunidad de ejecución, es decir, constituyen activos no ejecutables, por lo que cualquier requerimiento de información al respecto resulta manifiestamente improcedente”.
El Gobierno aseguró haber cumplido con la entrega de documentación solicitada y defendió el volumen de información aportada. “el Estado argentino realizó un esfuerzo extraordinario para entregar toda la información razonablemente relevante, con un volumen de producción sin precedentes”. Sin embargo, Burford insistió en que existirían faltantes, incluyendo comunicaciones privadas de funcionarios actuales y anteriores, y utilizó ese argumento para pedir que el país sea declarado en desacato. Además, se rechazó el pedido para que el ministro de Economía, Luis Caputo, declare sobre las reservas.
Para la defensa oficial, el mecanismo judicial se convirtió en una herramienta de presión política. “El discovery impulsado se ha desnaturalizado y transformado en una herramienta de hostigamiento, destinada a entorpecer el normal funcionamiento del Estado argentino”, afirmaron. También acusaron a la contraparte de intentar “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica. Con una audiencia clave prevista en Nueva York, la Argentina ratificó que utilizará todas las vías legales disponibles para proteger sus activos, su soberanía y frenar medidas que considera ilegítimas mientras continúa la disputa por el millonario fallo.

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