Una millonaria factura por tests de COVID vuelve a poner a la AFA bajo la lupa judicial

Una compra millonaria de tests rápidos de COVID-19 realizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) durante la pandemia reactivó una investigación judicial que apunta a una empresa presuntamente vinculada a su cúpula dirigencial. La operación se concretó en enero de 2022 y hoy es analizada en el marco de una causa más amplia que busca determinar el origen de fondos utilizados para adquirir una lujosa mansión en el partido bonaerense de Pilar.

Según consta en el expediente revelado por TN, el 27 de enero de 2022 la firma MALTE SRL emitió una factura por la venta de 3.000 kits de test rápidos de coronavirus a la AFA, por un monto cercano a los $4.800.000 de la época, equivalentes a unos US$50.000. Los insumos se utilizaron para hisopar a los futbolistas antes de los partidos, conforme a los protocolos sanitarios vigentes. La Justicia investiga ahora si parte de los ingresos de esa empresa pudieron haber sido canalizados hacia otras operaciones sospechadas.

La pesquisa judicial indica que MALTE SRL estaría vinculada a SOCMA S.R.L, una sociedad relacionada con Darío Toviggino, hermano de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y hombre de extrema confianza de Claudio “Chiqui” Tapia. En etapas anteriores, la empresa tuvo como responsables a Mauro Javier Paz y Juan Pablo Beacon, ambos señalados por los investigadores como integrantes del círculo cercano al número dos del fútbol argentino.

Los fiscales buscan establecer si existió una posible maniobra de administración fraudulenta y si los fondos de MALTE tuvieron origen en negocios ligados al fútbol profesional. En ese marco, se analizan contratos firmados tanto con la AFA como con distintos clubes, entre ellos Arsenal de Sarandí, donde personas cercanas a Toviggino habrían tenido participación en el manejo económico. También se examinan posibles ingresos provenientes de acuerdos vinculados a derechos televisivos.

La causa se conecta con la compra de un extenso terreno en Villa Rosa, Pilar, realizada el 30 de mayo de 2024 por la empresa Real Central S.R.L., integrada por Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, cuyos perfiles económicos no justificarían la operación. Según explicó Matías Yofe, dirigente de la Coalición Cívica y uno de los denunciantes junto a Elisa Carrió y Facundo del Gaiso, la investigación se originó a partir de testimonios de vecinos del barrio. El objetivo, aclaró, es reconstruir la estructura societaria detrás de la operación y determinar si existen vínculos directos o indirectos con Tapia y Toviggino.