La mayoría de los funcionarios jerárquicos del Gobierno proviene del sector privado, según datos oficiales

Un reciente informe sobre las declaraciones juradas de antecedentes laborales presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA) revela un cambio significativo en el perfil de los funcionarios públicos jerárquicos. En la actual gestión de Javier Milei, el 67% de quienes ocupan cargos de alta responsabilidad declaró haber trabajado previamente en la actividad privada, ya sea como profesionales independientes o en relación de dependencia. Solo el 27% proviene de manera inmediata de otros puestos en la función pública, un giro marcado respecto de administraciones anteriores.

Según el análisis realizado por Infobae, la política argentina se caracterizó por la rotación de funcionarios entre distintos cargos estatales y legislativos, tanto a nivel nacional como subnacional. Esa dinámica alimentó el concepto de “casta política” que el actual oficialismo utiliza como eje discursivo. Sin embargo, con la llegada de Milei al poder, se modificó la lógica de selección de cuadros, priorizando perfiles con experiencia fuera del Estado. En contraste, durante el gobierno de Alberto Fernández el panorama era inverso: el 72% de los funcionarios jerárquicos provenía de la función pública y apenas el 28% tenía antecedentes en el ámbito privado.

Hasta diciembre de 2023, la excepción a esa regla había sido la gestión de Mauricio Macri, integrada mayoritariamente por CEOs y ejecutivos del sector empresarial. Esa composición fue objeto de críticas por parte de la oposición y respondió, según distintos análisis, a la escasez de cuadros políticos del PRO para cubrir simultáneamente cargos nacionales, provinciales y porteños tras el triunfo electoral de 2015, además de la limitada apertura a aliados radicales.

Las declaraciones juradas de actividades anteriores a la función pública fueron implementadas en 2022 en el marco del Sistema de Monitoreo de Actividades Privadas y Públicas Anteriores y Posteriores al ejercicio de la función pública (MAPPAP). El objetivo es prevenir conflictos de interés y evitar la denominada “puerta giratoria”, es decir, el tránsito de altos cargos entre el sector público y el privado que podría derivar en decisiones que favorezcan intereses particulares. Aunque los funcionarios deben informar sus trabajos previos al asumir y actualizar sus datos patrimoniales cada año, no siempre cumplen con esta obligación de manera completa.

Según los datos publicados por la OA, 767 funcionarios que ingresaron durante la actual administración realizaron el trámite correspondiente, aunque no se especifica cuántos incumplieron con la presentación. Infobae consultó a la Oficina Anticorrupción sobre este punto, sin obtener respuesta hasta el cierre de la nota. El organismo, que depende del Poder Ejecutivo y está a cargo de Alejandro Melik, tiene la responsabilidad de controlar y exigir el cumplimiento de estas declaraciones, consideradas una herramienta clave para garantizar la transparencia y la integridad en la gestión pública.