Caso Maradona: Aceptaron las denuncias y avanza el jury contra Julieta Makintach

El jurado de enjuiciamiento de la Provincia de Buenos Aires aceptó las siete denuncias presentadas contra la jueza Julieta Makintach, suspendida por la Suprema Corte bonaerense. La decisión fue tomada durante la primera audiencia en el marco del escándalo desatado por el documental “Justicia Divina”, que puso bajo la lupa su accionar en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Las presentaciones incluyen seis denuncias particulares y una del procurador Julio Conte Grand, todas con ejes similares: cuestionan su comportamiento en el proceso judicial que luego fue declarado nulo. “El jurado ha decidido que es competente para tratar las denuncias”, confirmó el secretario de Enjuiciamiento de Magistrados, Ulises Giménez. Además, se resolvió iniciar el trámite de apartamiento preventivo, a pesar de que Makintach ya había sido licenciada por 90 días.

Durante la jornada, los ocho integrantes del jurado se reunieron en el Salón Dorado del Senado bonaerense para evaluar las acusaciones. Cinco conjueces titulares y tres suplentes representan a distintos departamentos judiciales. De haberse declarado incompetente el jurado, las denuncias se habrían archivado automáticamente, según informaron fuentes cercanas al caso.

Con este avance, la jueza tiene cinco días para responder a las imputaciones, mientras que los denunciantes cuentan con 15 días para formalizar sus acusaciones. Luego, el jurado evaluará si corresponde suspenderla, lo que implicaría una reducción del 40% de su salario. A partir de este punto, Makintach ya no podría presentar su renuncia, quedando obligatoriamente sujeta al proceso.

El juicio político propiamente dicho se activará si el jurado da luz verde a la acusación formal. La causa busca determinar si su involucramiento en el documental evidenció una falta de imparcialidad y si su accionar comprometió la integridad del tribunal que juzgaba la muerte de Maradona. El Jury de Enjuiciamiento, de carácter político, se encarga de definir si la jueza debe continuar en su cargo, más allá de lo penal.