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06/01/2023

El Gobierno va por la Corte Suprema, por María Belén Aramburu

Las recientes palabras del presidente retumbaron en los oídos de varios gobernadores y legisladores.

El Gobierno va por la Corte Suprema, por María Belén Aramburu

Las recientes palabras del presidente Alberto Fernández retumbaron en los oídos de varios gobernadores y legisladores. La embestida contra los miembros de la Corte Suprema, sabe el primer mandatario, requiere de un alineamiento sin el cual el resultado sería nulo por insuficiente. Haciendo mención a Evita que, dijo el primer mandatario, “vivió en un país donde los únicos privilegiados eran los niños”, refirió a que “hoy estamos en un país donde los únicos privilegiados son los jueces”. Fue contundente en su reclamo y exigencia hacia las tropas oficialistas, para remover a los miembros de la Corte. Existe una cuestión coyuntural que hace a la demanda y otra extemporánea y de fondo.

La gota que rebalsó el vaso, que ya estaba bastante lleno de por sí bajo la mirada del primer mandatario, pero más especialmente, del kirchnerismo, del entorno de la vicepresidenta Cristina Kirchner, casi rebalsando cuando las cuestiones políticas para la integración del Consejo de la Magistratura, una vez judicializadas, llegaron a manos de Horacio Rosatti, su presidente, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Todo esto, más lo que voy a detallar a continuación, remite a una consideración coyuntural.

Llenándose aún más el vaso, siempre desde la perspectiva de quienes integran el gobierno nacional, éste terminó por rebalsar con el fallo de la Corte para restituir a la Ciudad de Buenos Aires los fondos de la coparticipación. La primera reacción de Alberto Fernández fue la de no acatar el fallo, después de pagar con bonos, lo cual generó el rechazo del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y, por último, reunir a los gobernadores afines, catorce son los que firmaron, para emitir un documento de apoyo conjunto al gobierno. Seguramente la presión del kirchnerismo, y en especial, de la vicepresidenta, sumaron la tensión necesaria para desembocar en un camino que, si bien es institucional, y versa sobre las atribuciones de control de un poder sobre otro/s acarrea un costo por enfrentarse por un lado con la Corte Suprema y, por el otro con la Ciudad de Buenos Aires, además de acrecentar el rechazo de la oposición y quienes adhieran a su posicionamiento ideológico y político.

Contando voto por voto en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, ninguno de ellos puede fallar si de remover los miembros del máximo tribunal se trata. Por lo que, con la convocatoria  a sesiones extraordinarias para la segunda quincena de enero, tendrá la mayoría en la Comisión de la Cámara Baja, si no falta ninguno. De ahí a lograr su aprobación hay un trecho difícil, muy complicado, y hasta diría, imposible de resolver. ¿Cómo obtendrían los dos tercios de los votos para lograr la remoción de los miembros de la Corte? Saben que no pueden. Pero seguramente la instalación del tema en la agenda política, con el llamado a sesiones fuera de las ordinarias del Poder Legislativo, se logre mantener durante un buen tramo del verano.

El fuerte cuestionamiento que el oficialismo hace a la Corte Suprema sostiene como argumento principal lo que la Portavoz, Gabriela Cerruti, remarcó como “una decisión histórica” atribuida a que “la Corte interviene sobre el accionar de los otros poderes violando claramente la Constitución”. Otras cuestiones como la “arbitrariedad” y “demora” en sus fallos también fueron puestas como avales para avanzar sobre la Corte, atribuyéndoseles un perjuicio para la ciudadanía.

Se comenzó con el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, con la figura de “mal desempeño”, y siguió con la misma calificación, contra los otros tres integrantes de la Corte. Se los acusa de “invadir” “esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes”, o sea de “quebrantar” “los pilares básicos en los que se asienta un sistema republicano de gobierno”, haciendo alusión al “principio de división de poderes”. La “extralimitación en sus competencias y atribuciones” respecto de lo que considera que es arrogarse “facultades que no le son propias”, son los fundamentos que se exponen en el documento para avanzar en el juicio político. Se suman los supuestos chats entre quien hace poco era el Ministro de Seguridad del gobierno de Larreta, Marcelo D’Alessandro, y el vocero de Rosatti, Silvio Robles.

Hay otra cuestión que va más allá de estos fallos, pese a que, para el oficialismo, ya son más que contundentes para concretar la misión de expulsar de la Corte a los actuales miembros. La que engloba a todas, y que serían sólo sus ramificaciones, es la llamada “democratización de la justicia”, varias veces mencionada en intentos de impulsarla, por parte de Cristina Kirchner. Con un necesario tratamiento parlamentario, el kirchnerismo aún no ha logrado imponerlo en el Congreso, pese a las reformas realizadas en anteriores gestiones de gobierno.  De este gran tema para el kirchnerismo, y sobre todo para la vicepresidenta,  se derivan los que serían los probables nombres para su integración, siguiendo los pasos que indica la Constitución, con el acuerdo del Senado con los dos tercios de sus legisladores presentes, en una sesión convocada a tal fin.

Respecto del número, con la idea de ampliarlo para llegar a quince, con paridad de género, el proyecto de ley enviado por el oficialismo, obtuvo la media sanción de la Cámara Alta, cuya presidenta es, justamente, Cristina Kirchner. El proyecto original fue ampliar el número para llegar a veinticinco, cediendo el Frente de Todos, a bajarlo a quince. Falta la media sanción de Diputados, ya que la cantidad de integrantes de la Corte es dispuesta por medio de una ley del Congreso.

Otra cuestión que fue puesta en tela de juicio, es la duración del mandato de los jueces de la Corte Suprema. El kirchnerismo cuestiona, sobre todo con la voz de Cristina Kirchner, que los jueces de la Corte Suprema permanezcan en sus cargos hasta los 75 años, mientras tengan buena conducta, situación que los puede seguir favoreciendo para ejercer el cargo, si el presidente y el Senado los mantienen por un plazo que se extienda otros cinco años y así indefinidamente, siguiendo el mismo proceso que para su nombramiento. Para estos casos se ha aplicado, en algunas oportunidades, la doctrina “Fayt”, que permitió que Carlos Fayt permaneciera en el cargo hasta los 98 años, otorgándosele carácter vitalicio a los jueces, tal como sucedió con la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco, que había presentado un amparo.

Lo cierto es que, a excepción de otras cuestiones, en ésta el gobierno, va en bloque contra los miembros de la Corte Suprema, descalificando y cuestionando su desempeño, de tal modo que derive en la salida de todos ellos. Alberto Fernández lo está impulsando, el kirchnerismo lo venía haciendo, principalmente, a través de la vicepresidenta Cristina Fernández, el gobierno logró un documento firmado por catorce gobernadores, los legisladores fueron convocados a sesiones extraordinarias, y esperan la presencia de quienes deberán apoyar el proceso de un juicio político a los jueces del máximo tribunal, que pasará por la correspondiente comisión que tendría que contar con todos los miembros del Frente de Todos para hacerlo viable. Si no lograra ser sancionado, al menos, dispondrá de varios días de agenda en la ajetreada política argentina.

María Belén Aramburu

 
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