Consejo de la Magistratura: ¿por qué las designaciones dependen del Poder Judicial?, por María Belén Aramburu

¿Por qué tantos planteos respecto de quiénes pueden y deben integrar el Consejo de la Magistratura? La dimensión que ellos han tomado se vio reflejada en instancias judiciales que, sin aparente resolución definitiva, adoptaron las pretendidas designaciones de Luis Juez, senador del PRO por Juntos por el Cambio en lugar de Martín Doñate del Frente de Todos, y de la diputada Roxana Reyes, por la Unión Cívica Radical. Comprenden parte de la pata política del Consejo, representando al sector del Poder Legislativo, y en el que conviven, en el ejercicio de sus tareas específicas, con jueces, abogados y académicos.

Cuando la política mete sus pretensiones e intereses, el conflicto demora la totalidad de su integración. ¿Acaso las normas en cuanto a la integración no son lo suficientemente claras? Si no lo fueran para la comprensión de la mayoría, ¿debiesen comprometerse las distintas fuerzas políticas a los fines de su reformulación, mediante un proyecto de ley que tendría que pasar por el Congreso? Aún así, ¿la política podría tener una interpretación en cuanto al origen de los miembros que la representan en el Consejo de la Magistratura y que, en su aparente confusión amerite el traslado a otro Poder como el Judicial, para que lo resuelva? ¿Los reclamos que hasta llegaron a la Corte Suprema de Justicia son atinados o arbitrarios? ¿Son justos o desproporcionados? ¿Hasta dónde puede llegar el Poder Judicial en su actuación, a pedido de los considerados damnificados, sin que se trate de una intromisión de otro Poder, el Legislativo, incluso cuando son los mismos que dicen ser perjudicados, quienes solicitaron su intervención? Para saber por qué los políticos están tan interesados en su proporción de la participación del Consejo de la Magistratura, es bueno saber cuál es su función y quiénes lo integran.

El Consejo de la Magistratura cumple un rol tan importante que es el que selecciona y controla la disciplina de los jueces federales y nacionales, así como también se ocupa de la administración del Poder Judicial. Para el nombramiento de jueces, organiza concursos públicos de oposición y antecedentes cuando hay una vacante en la Justicia federal y nacional. En el punto final del concurso, el organismo eleva una terna vinculante de candidatos, terna de la cual el Poder Ejecutivo debe seleccionar a uno que, para estar en condiciones de asumir, debe contar con el acuerdo del Senado.

Al ejercer facultades disciplinarias sobre los magistrados, el Consejo evalúa denuncias contra los magistrados, que puede presentar cualquier persona, por lo que, si hay pruebas en contra de un magistrado, debe aprobar la apertura del procedimiento de remoción y elevar el caso al Jurado de Enjuiciamiento, que es otro órgano, compuesto por miembros distintos, que sólo puede disponer de la continuidad o no del acusado. El Consejo fue creado en 1994 como un órgano constitucional multisectorial. Su función primordial es la de asegurar la independencia del Poder Judicial. Semejante responsabilidad conlleva a actuar en concordancia con la misma.

La composición del Consejo de la Magistratura es, en la actualidad, de 20 integrantes, tiene como titular, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, 4 jueces, 4 diputados, 4 senadores, 4 abogados, 2 académicos, y un representante del Poder Ejecutivo. Y es importante, para su saludable funcionamiento, que todos sus miembros, provenientes de sus respectivos ámbitos, gocen de representación.

Los escenarios que la política plantea en el ámbito judicial, son las dos Cámaras del Congreso, la de Diputados y la de Senadores. El senador Luis Juez, por Juntos por el Cambio, había presentado una medida cautelar, un recurso de no innovar, para impedir la asunción de Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura, por lo que consideró fue una división del bloque del Frente de Todos en dos, el Frente Popular y Nacional y Unidad Ciudadana, que le permitía sumar dos consejeros, por la mayoría y por la segunda minoría. Su planteo fue rechazado por la jueza en el fuero Contencioso Administrativo, María Alejandra Biotti. Como la Corte Suprema pospuso las juras de las designaciones de los senadores, la jueza entendió que la incorporación de Doñate no es “inminente”. La magistrada también entendió que el expediente anterior “culminó con el dictado de la sentencia que declaró que correspondía que el lugar del senador Doñate fuese ocupado por el senador Juez, cargo que este último nunca llegó a asumir”.

Recordemos que la Corte Suprema de Justicia dio lugar al amparo presentado por los senadores Luis Juez y Humberto Schiavoni, declarando nulo el decreto parlamentario de la presidenta de la Cámara de Senadores, Cristina Fernández de Kirchner, que designaba al senador Doñate para integrar el Consejo por la segunda minoría. El fallo ordenó la designación de Luis Juez. A Juez le queda la instancia de recurrir a la Corte Suprema, vía per saltum, para acelerar su asunción. Dicho sea de paso, todas las designaciones quedaron trabadas. Es la justicia la que las está resolviendo, con presentaciones realizadas por los propios senadores, por lo que las designaciones del Poder Legislativo para integrar el Consejo, están en la cancha del Poder Judicial, a la espera de resolución, para poder concretarlas.

En la Cámara Baja, el kirchnerismo pedía los dos lugares que considera le corresponden por ser la mayoría. Por su parte, el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, realizó una presentación judicial, una acción de amparo, en este sentido, ante la pretensión de Roxana Reyes, diputada por la Unión Cívica Radical, de ingresar en el Consejo de la Magistratura, argumentando que, Álvaro González, del PRO, ya tiene su representación asegurada por la segunda minoría, perteneciente a la misma fuerza política, Juntos por el Cambio.

Así lo entendió el juez en el fuero Contencioso Administrativo, Martín Cormick, quien rechazó, a través de un fallo, la designación de Reyes para integrar el Consejo de la Magistratura. Si bien la UCR y el PRO, fundamentan desde Juntos por el Cambio, forman un mismo interbloque, son bloques separados en la Cámara de Diputados. Sin embargo, para el juez, los dos partidos políticos se presentaron en las elecciones como integrantes de un mismo frente, Juntos por el Cambio, por lo que las bancas deben ser asignadas a partidos políticos de distintos espacios, asimilando este caso, al que analizó la Corte, en el fallo emitido en relación con el caso de la designación de Martín Doñate, que fue anulada por el máximo tribunal.

Cuando el juez, en su fallo, agrega “...las que en lo sucesivo integren la segunda minoría con partidos políticos o alianzas a las que ya les han sido asignados integrantes en mayoría o minoría” y declara nula la resolución de las designaciones de los representantes de la Cámara de Diputados, por parte de su presidenta, Cecilia Moreau, ¿exige al Poder Legislativo a definir hoy y siempre, su propia composición, para evitar confusiones en la interpretación de pertenencia de bloques, en base a partidos políticos y/o frentes o alianzas? ¿Cuál es el alcance de este fallo, que interpreta sobre qué partidos se presentaron a las elecciones solos o en conjunto con otros para ampliar su representación? ¿El Poder Legislativo es compelido a definiciones más estrictas, como ser la actuación de los legisladores en sus bancas de bloque e interbloques?

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, presentó la apelación al fallo del juez Cormick y suspendió todas las designaciones de los representantes de la Cámara “hasta tanto se salde la cuestión”, por lo cual, a través de una resolución, deja “sin efecto” la anterior resolución que designaba a propios y ajenos, entre los que se encontraban Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, por el Frente de Todos. Las denuncias a estas acciones, calificadas de “ilegales” por Mario Negri, el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, continuaron con su acusación de que “Moreau dejó de ser presidenta de la Cámara para militar solo los intereses del Frente de Todos”.

Cecilia Moreau apeló el fallo del juez Cormick, pero también defendió lo resuelto por la Cámara de Diputados en cuanto a las designaciones, afirmando que, “admitir una intromisión del Poder Judicial, implicaría una gravísima vulneración de las facultades que resultan exclusivas del Poder Legislativo Nacional”, agregando la doctrina de la Corte Suprema en cuanto a la “no judicialidad” de las decisiones de un poder en cuanto a la competencia que le es propia.

Si son los propios legisladores que hacen la presentación en la justicia por verse dañados en su imposibilidad de ejercer la representación de su partido y/o frente político, es la justicia la que debe resolverlo mediante un fallo. Si además se apela ese fallo de primera instancia, el tema en cuestión, pasará por otras y, de no resolverse, llegará a la Corte Suprema, que, hasta parece insuficiente como lo ha sido en el caso Juez/Doñate. Por lo tanto, para que no sea materia judicializable ni judicializada, deberían quedar claras las normas que se establecieron en la constitución del Consejo de la Magistratura en cuanto a su integración, además de establecer la pertenencia a partidos/frentes y actuación de los legisladores en bloques e interbloques, sin dejar expuesto al Poder Legislativo a situaciones como las actuales, en las designaciones de consejeros.

María Belén Aramburu