La Corte Suprema revocó un fallo y habilitó la compra de tierras por extranjeros
La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el fallo de una instancia inferior que había frenado la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley de Tierras Rurales. De esta manera, quedó nuevamente habilitado el camino para la compra de tierras rurales por parte de particulares y empresas extranjeras.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Sin embargo, el máximo tribunal no analizó el fondo de la cuestión ni determinó si el artículo 154 es constitucional: sostuvo que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), que había impulsado la demanda, no tenía legitimación para presentar el reclamo y que no existía una controversia judicial que habilitara su intervención.
La normativa derogada había sido sancionada en 2011 y establecía un límite del 15% para la tenencia extranjera de tierras rurales, además de restricciones vinculadas con la nacionalidad de los propietarios y la cantidad de superficie que podía concentrar cada titular. El artículo 154 del DNU 70/2023 dispuso su derogación.
La decisión de la Corte se conoce luego de que el Gobierno intentara avanzar por la vía legislativa con una modificación de las restricciones. Primero planteó eliminar los límites para personas y empresas extranjeras y posteriormente propuso elevar del 15% al 25% el máximo de tierras rurales que podían quedar en manos foráneas. La iniciativa no consiguió los apoyos necesarios y ese capítulo terminó siendo retirado.
Tras el fallo, surgieron cuestionamientos desde sectores de la oposición. El diputado socialista Esteban Paulón afirmó: “Argentina no se remata”, mientras que el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez acusó a la Corte Suprema de legislar “de espaldas al pueblo argentino y a los héroes de Malvinas”.
Según datos citados por El País del Observatorio de Tierras, más de 13,3 millones de hectáreas rurales ya están en manos extranjeras en Argentina. La superficie equivale aproximadamente al territorio de Grecia o a una cuarta parte de España. Además, durante la presidencia de Milei, el Ministerio de Justicia informó la autorización de 111 operaciones de compra de tierras por extranjeros.
Desde el Gobierno sostienen que la eliminación de las restricciones puede favorecer la llegada de inversiones y capital extranjero. Sus críticos, en cambio, consideran que la medida reduce una herramienta de protección sobre un recurso estratégico, especialmente en zonas vinculadas con reservas de agua, bosques, minerales y áreas de frontera.
El fallo, por lo tanto, reactiva la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, pero no constituye un pronunciamiento de la Corte Suprema sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras Rurales. El fundamento central de la decisión estuvo relacionado con la legitimación de quienes promovieron la demanda.