Los acusados de matar a la nutria en Bahía Blanca denuncian amenazas tras el escándalo

Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, los dos jóvenes denunciados por matar a golpes a un coipo en Bahía Blanca, afirmaron haber recibido amenazas luego de que el caso se viralizara en redes sociales. Según trascendió, solicitarán que la Justicia analice los mensajes y avance contra quienes resulten responsables.

Los involucrados, ambos de 18 años, fueron identificados tras la difusión de un video en el que se los ve atacando al animal. Sus celulares ya se encuentran en poder de los investigadores, ya que fueron secuestrados durante los allanamientos realizados en los últimos días en el marco de la causa.

Según informó La Brújula 24, los jóvenes buscan que los mensajes amenazantes queden incorporados al expediente judicial. Sostienen que, desde que sus identidades se hicieron públicas, recibieron cientos de amenazas a través de distintas plataformas y aplicaciones.

El hecho ocurrió durante la madrugada del pasado sábado, cuando un coipo, un roedor similar a una nutria, fue perseguido, golpeado y finalmente asesinado. En la grabación, que generó una fuerte indignación social, se escucha a uno de los agresores decir: "Alta comida son. Alta nutria. Alto escabeche, compa", mientras el animal intenta escapar. También aparece la voz de una mujer que les pide que paren.

La repercusión del caso llevó a que la presidenta de la Fundación Grupo Alianza Animal, Morena Loncaric, presentara una denuncia penal. Además, la Municipalidad de Bahía Blanca se constituyó como particular damnificado en la causa. "Aquí en Bahía nos cuidamos y protegemos como comunidad, y los animales también merecen ese respeto y esa protección", expresó el intendente Federico Susbielles.

Mientras avanza la investigación, vecinos señalaron que los acusados y sus familiares cerraron o restringieron el acceso a sus redes sociales tras el escrache público. Según la legislación vigente sobre conservación de la fauna silvestre y maltrato animal, los responsables podrían enfrentar penas de hasta dos años de prisión.