ADEPA alertó por una medida judicial contra periodistas en medio del caso AFA
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó este domingo su rechazo a una medida cautelar impulsada tras una denuncia presentada por Claudio “Chiqui” Tapia contra distintas personas, entre ellas periodistas vinculados a la cobertura del denominado caso AFA. Según advirtió la entidad, la resolución judicial podría representar una limitación para el ejercicio de la prensa.
La decisión establece restricciones de contacto y acercamiento hacia el presidente de la AFA y del CEAMSE, además de impedir la difusión de datos personales, imágenes e información relacionada con su ámbito privado o familiar. Sin embargo, ADEPA señaló que la medida no describe hechos específicos que permitan atribuir conductas delictivas concretas a los periodistas involucrados.
Desde la organización remarcaron que el conflicto parece centrarse principalmente en la cobertura sostenida que distintos medios realizaron sobre la situación judicial e institucional vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino. En ese contexto, alertaron sobre el impacto que una decisión de este tipo puede tener sobre la libertad de expresión.
“Resulta especialmente preocupante que se imponga a periodistas una prohibición de acercamiento respecto del denunciante y de los lugares donde desarrolla sus actividades habituales”, expresó ADEPA en un comunicado. Además, sostuvo que una restricción de esas características podría dificultar tareas esenciales del periodismo, como realizar preguntas, cubrir eventos o investigar temas de interés público.
La entidad también recordó que, cuando se trata de figuras públicas o personas con responsabilidades institucionales, el concepto de privacidad debe interpretarse de manera cuidadosa para no impedir investigaciones periodísticas vinculadas con asuntos relevantes para la sociedad. En esa línea, advirtieron que “medidas de este tipo conllevan un serio efecto inhibitorio sobre la libertad de prensa”.
Por último, ADEPA consideró que utilizar denuncias penales para imponer restricciones cautelares a periodistas sin fundamentos específicos puede transformarse en un antecedente peligroso. Según expresaron, esto podría derivar en una judicialización de las decisiones editoriales y del trabajo periodístico en general, afectando el debate público y el funcionamiento democrático.