Proponen prohibir celulares en cárceles de Buenos Aires para frenar delitos organizados
El diputado bonaerense de Oscar Liberman presentó un proyecto de ley que propone prohibir el uso de teléfonos celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa fue elaborada junto a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el juez de la Cámara Penal de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de Azul, Carlos Pagliere (hijo). El proyecto fue denominado “Ley Rodrigo” en memoria del soldado Rodrigo Gómez, quien se suicidó tras una extorsión que, según la investigación judicial, fue organizada desde la cárcel bonaerense de Magdalena.
Según reportó Infobae, la propuesta plantea modificar la Ley 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense para impedir que las personas privadas de libertad tengan teléfonos celulares o cualquier dispositivo electrónico capaz de conectarse a redes móviles o transmitir datos. En ese sentido, el texto establece que los internos sólo podrán comunicarse mediante equipos controlados por el Servicio Penitenciario y con un límite máximo de dos horas diarias. “La comunicación telefónica se realizará exclusivamente a través de los medios fijos o dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario. El tiempo de comunicación por interno quedará limitado a un máximo de dos horas diarias, y en ningún caso los dispositivos móviles podrán estar a su libre disposición”, indica el proyecto.
Además, cada detenido podrá mantener contacto únicamente con un listado de hasta cinco personas previamente registradas, cuyos llamados deberán ser supervisados para garantizar la seguridad del establecimiento y la protección del orden público y de las víctimas. Entre las modificaciones también se incluye la eliminación del “Protocolo para el uso de teléfonos celulares” aprobado durante la pandemia mediante la Resolución N° 47688/20, que había flexibilizado la utilización de dispositivos personales dentro de las unidades penitenciarias.
En los fundamentos de la iniciativa, Liberman sostuvo que la legislación vigente debe adaptarse a las actuales demandas de seguridad pública. “El artículo 18 de la Constitución Nacional establece que las cárceles serán sanas y limpias ‘para seguridad y no para castigo de los reos’. Este mandato implica no sólo la prohibición de tratos crueles, sino también la obligación estatal de garantizar que el encierro cumpla su finalidad preventiva y no se convierta en un ámbito desde el cual se continúe delinquiendo”, expresó el legislador. También afirmó que la normativa “tiene por finalidad adecuar el régimen de comunicaciones de las personas privadas de libertad a las exigencias actuales de seguridad pública, protección de las víctimas y adecuado funcionamiento del sistema penitenciario”.
El proyecto también prevé la instalación obligatoria de sistemas inhibidores o bloqueadores de señal de telefonía móvil y transmisión de datos en los sectores donde se alojan los internos, además de controles permanentes como requisas periódicas y tecnología para detectar dispositivos electrónicos. En paralelo, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, pidió a la Justicia provincial que se deje sin efecto la autorización que permitió el uso de celulares en las cárceles durante el gobierno de Alberto Fernández. “No podemos permitir que personas condenadas por delitos sigan operando y comandando nuevos desde la cárcel”, sostuvo el jefe comunal.